En un comunicado, ambos sindicatos pidieron al Ejecutivo que eleve el Iprem, congelado desde 2018, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, de manera que corrija “en el menor plazo posible” la pérdida acumulada con respecto a la evolución de los precios, que las centrales estiman en 9,4 puntos desde 2004, cuando se creó, hasta 2019.

Además, solicitaron que se establezca un mecanismo de actualización automática anual vinculado al crecimiento real de los precios, con la corrección de la posible desviación que se pueda producir entre el incremento inicial del Iprem y la evolución del IPC real.

Este indicador determina las cuantías mínima y máxima de todas las prestaciones contributivas por desempleo, así como la cuantía de todas las prestaciones asistenciales por desempleo, la renta activa de inserción y la renta agraria.

También es referencia para el acceso y cuantías de prestaciones sociales, acceso a vivienda de protección oficial y ayudas de alquiler, becas de estudio y formación, y subvenciones a familias (por ejemplo, establece límites de ingresos anuales que no se deben superar para la concesión de becas o ayudas para las guarderías o colegios).

CCOO y UGT advirtieron de que la “devaluación” del Iprem “restringe” el acceso de un número de beneficiarios cada vez mayor a las ayudas y prestaciones vinculadas a este índice y repercute “negativamente” en la cuantía de las ayudas y prestaciones.