Delgado se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, cuya presidenta, Isaura Leal, tras una comparecencia de algo más de tres horas y media, dio por cumplida la exigencia legal de comparecencia parlamentaria para designar a la fiscal general. De modo que ahora ya podrá ser nombrada de forma efectiva en el próximo Consejo de Ministros.

Durante el debate, la futura fiscal general fue respaldada por el PSOE y Unidas Podemos, mientras que el PNV dijo esperar a ver qué gestión realiza y ERC y Junts per Catalunya le pidieron cambios en la actuación respecto a Cataluña. Las críticas vinieron de PP, Vox y Ciudadanos, que aseguraron que Delgado será “genuflexa” ante el gabinete de Pedro Sánchez y buscará la “impunidad” de los condenados por el 'procés'.

En este sentido, Delgado se refirió a la cuestión de en qué causas deberá abstenerse como fiscal general del Estado al haber estado relacionada con su contenido cuando era ministra de Justicia, como podrían ser los asuntos referidos al proceso independentista en Cataluña. A este respecto, indicó que decidirá “caso a caso”, ya que la jurisprudencia en España establece que “no puede haber causas generales de abstención” para jueces y fiscales

“CONFÍEN EN EL SISTEMA”

Añadió al respecto que en la práctica son “contadísimos” los procesos en los que debe decidir el responsable de la Fiscalía, aunque garantizó que cuando sea así actuará bajo los principios “de legalidad, de imparcialidad y de transparencia”.

Delgado se refirió a esta cuestión tras defender que el hecho de que vaya a ser fiscal general tras ejercer como ministra de Justicia es una “fortaleza” más que una “debilidad”, puesto que su actuación en el Ejecutivo estuvo guiada por el “servicio público” y le permitió un mayor conocimiento de la legalidad.

Asimismo, respecto a las sospechas de PP, Ciudadanos y Vox de que no será imparcial, la exministra señaló que “el sistema tiene normas que garantizan la independencia”. “Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema, en el Estatuto, en la ley y, sobre todo, confíen en la Constitución”, afirmó.

La que será nueva fiscal general hizo estas consideraciones tras aludir a su trayectoria de 30 años como fiscal, tras empezar como “funcionaria de trinchera”, ejercer en Cataluña y acabar, finalmente, en la Audiencia Nacional especializada en lucha contra el narcotráfico y luego contra el terrorismo.

FISCAL GENERAL “DE PARTE”

Las críticas contra Delgado vinieron de PP, Vox y Ciudadanos, que mostraron su rechazo al nombramiento de la exministra como fiscal general y afirmaron que no cumple la apariencia básica de imparcialidad tras su paso por el Ejecutivo.

Así, Luis Santamaría, del PP, afirmó que Delgado ha sido colocada por Sánchez para “ocupar” la Fiscalía y se mostró convencido de que será una responsable del Ministerio Público “de parte”, “genuflexa” ante el gabinete de Sánchez y que defenderá a los independentistas catalanes.

Santamaría tildó de “lamentable” que la exministra vaya a dirigir a los fiscales, al tiempo que criticó la intervención de Delgado este mismo jueves en el Congreso, al entender que hizo un discurso “sectario” y “agrio”. También sostuvo el portavoz popular que la futura fiscal general está más cerca “de las cloacas” policiales que del servicio público, en referencia a la grabación que se difundió de la comida en la que estuvo ella con el excomisario José Manuel Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros policías.

A su vez, Javier Ortega Smith, de Vox, sostuvo que Delgado ayudará desde la Fiscalía a la “impunidad” de los condenados del 'procés' y con su designación Sánchez efectúa el “pago” de las deudas que contrajo en la investidura “con sus socios separatistas y comunistas”.

El planteamiento de PP, Vox y Ciudadanos fue rechazado por el diputado del PSOE Pablo Arangüena, quien afirmó que el prestigio de Delgado se mantenía “incólume” pese a las “barbaridades” que contra ella habían realizado “los representantes de las ultraderechas”. Este parlamentario defendió la trayectoria de la nueva fiscal general y recordó al PP asuntos como el mensaje del exsenador Ignacio Cosidó en el que hablaba de que su partido controlaría el Tribunal Supremo “por la puerta de atrás” con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.