Durante su comparecencia, Garzón defenderá las propuestas incluidas en el documento 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España' por el que PSOE y Unidas Podemos se comprometían a la regulación “urgente” de los juegos de azar para “prevenir y frenar” los posibles efectos negativos de esta actividad que reconoce que es “legal”, así como a aprobar una regulación de la publicidad de apuestas en línea, de ámbito estatal y “similar” a la de los productos del tabaco que ya se ha concretado en el proyecto de real decreto de publicidad de las comunicaciones comerciales relacionadas con la misma.

Ambas formaciones se comprometían, asimismo, a promover prácticas de consumo “saludable” y en el marco de la Conferencia Sectorial, que Garzón convocará en marzo, impulsarán, además, criterios homogéneos con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas presenciales puedan abrir antes de las 22.00 horas.

También abogan por limitar su proximidad a centros escolares y promoverán la implicación de los operadores en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles “efectos indeseables” derivados de esta actividad.

En paralelo, tienen la voluntad de “reorientar” la tasa por la gestión administrativa de esta actividad que pagan los operadores en línea para destinar un porcentaje a este tipo de acciones preventivas y de sensibilización.

Finalmente, establecerán la obligación de que los locales de juego y apuestas abiertos al público de forma presencial cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre los peligros de estas actividades con un contenido y proporciones “análogas” a los que aparecen en las cajetillas de tabaco.

CONSUMO

En paralelo, el programa propone la modificación de la ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las “exigencias contemporáneas” de protección a los consumidores y aboga por reducir el impacto de la comida basura al establecer “obligaciones claras” en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares.

Asimismo, según las líneas maestras del departamento de Garzón, el Ejecutivo impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un “modelo de alimentación de calidad y de cercanía” y trabajará para mejorar la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las multas sean “proporcionales” al “perjuicio” causado a los consumidores.

Finalmente, potenciará la Comisión de Cooperación de Consumo en el seno de la Conferencia Sectorial del Consumo para mejorar la cooperación, la comunicación y la información entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en las materias que afecten a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.