“El Gobierno ha escuchado los buenos argumentos que hemos oído y por eso aprobamos en tiempo récord este decreto”, afirmó en la explicación de las medidas tras el Consejo el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El decreto prevé la modificación de varios puntos de la ley de 2013 de cadena alimentaria. Entre ellos, se prohibirá a partir de ahora la denominada venta a pérdidas, de forma que no se podrá vender por debajo del coste de producción, con la excepción de productos perecederos.

También deberán incluirse los costes de producción en los contratos que suscriban los agricultores y ganaderos con la distribución, y se prohíbe la publicidad engañosa basada en productos reclamo, por lo que suponen de “devaluación” del valor de los productos usados como gancho para vender otros, afirmó Planas.

“Son medidas que suponen una respuesta directa a algunas de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos y un refuerzo de su posición negociadora a partir de ahora”, señaló Planas.

TRIBUTACIÓN

El decreto también reforma la ley del IRPF para flexibilizar la tributación de los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad productiva, de manera que puedan pagar el gravamen en cuatro ejercicios y no solo en uno, como ahora.

Para fomentar la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos-discontinuos, se facilitará la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes.

El decreto también incluye la reducción de 35 a 20 de las peonadas mínimas necesarias en Andalucía y Extremadura para tener acceso al subsidio agrario.

El ministro tiene previsto presentar este martes el contenido del decreto a las organizaciones profesionales agrarias, en una nueva reunión de la mesa de diálogo que constituyó con ellas cuando se iniciaron las movilizaciones a finales de enero.

Preguntado si los consumidores terminarán pagando el reequilibrio buscado en los precios de la cadena alimentaria, Planas afirmó que ha hablado de ello con las organizaciones de consumidores y el Gobierno cree que “es posible que el precio al consumo no se incremente y que pueda existir una mejor retribución por su trabajo a agricultores y ganaderos”.

Sobre el coste de las medidas contenidas en el decreto, afirmó que el impacto es “muy limitado” porque “el universo de personas afectadas no es excesivamente grande”. En cuanto al cambio en la tributación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que solo se fasea en cuatro años la obligación de pagar, pero no implicará una reducción tributaria.

El decreto ley será tramitado en el Congreso como proyecto de ley para poder introducir enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, incluso de las propuestas que el sector haga cuando lo conozca a partir de ahora.

El Gobierno quiere que las comunidades jueguen "un papel muy activo" en la implementación de la ley, para que se generalice la práctica de los contratos escritos, al considerar que lamentablemente no lo está ahora mismo en los productos de la cadena alimentaria.