Así se expresó Garzón en el transcurso de su intervención en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de actuación de su departamento, con competencias también en juego, a lo largo de la legislatura y en la que compareció a petición propia y a instancias de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PP, ERC y Vox.

A pesar de que admitió que su departamento no ha sufrido “presiones espectaculares” con respecto al texto del real decreto, Garzón reconoció que hay grupos empresariales “con intereses” en este ámbito que no están “de acuerdo ni contentos” con “el resultado” del nuevo real decreto y advirtió de que “más adelante lo estarán menos”.

“Se siente”, insistió, al tiempo que defendió que la nueva normativa es “la mejor” para resolver la falta de regulación actual en esta área y que está enmarcada en el acuerdo de coalición con el PSOE.

En respuesta a la diputada del PNV Josune Gorospe, Garzón recordó que para su departamento el “partido no acaba aquí”, en referencia a la publicación del real decreto. “Tenemos una legislatura por delante”, afirmó para defender que sus resultados “no van a ser mañana”.

Para lograrlos, su departamento dedicará “más recursos” para obtener una información “de mejor calidad para hacer un diagnóstico de la situación”, así como para evaluar la “efectividad” de las políticas públicas que lleve a cabo.

El titular de Consumo respondió al diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto que el Ministerio “no hace diferenciación entre juego bueno y malo”, sino entre los “efectos de determinado juego sobre la salud”. “Queremos evitar matar moscas a cañonazos y para ello hay que hacer una legislación que actúe con determinación pero con la finura suficiente”, ahondó.

A este respecto, la diputada del PP Carmen Riolobos recordó que fue su partido quien elaboró el “90%” del texto de este real decreto, que desarrolla varios artículos de la Ley de Juego y que ya se sacó a información pública en 2017 pero Pedro Sánchez “no ha hecho nada en este tiempo”. “Ha tenido que llegar Garzón para que hagan algo”, lamentó, aunque criticó que haya preferido “aprobarlo a la carrerilla y apuntarse esa medalla”.

Ante estas declaraciones, el titular de Consumo respondió que no ha venido a ponerse “la medalla, todo lo contrario”. “Prefiero una política pública eficaz a una política pública espectacular”, sentenció en referencia a un real decreto que se verá acompañado de “otras muchas medidas”.

Asimismo, en respuesta a la diputada de ERC Pilar Vallugera, reconoció que el Gobierno “tenía interés” en llegar al siguiente curso deportivo y escolar “con una reglamentación que pusiera el final a la ausencia de regulación que ha operado hasta ahora” y que, para ello, ha “optado por una vía muy razonable como primer paso de un proceso”.

Junto a ello, afirmó que el juego online es un sector “que hay que regular con especial atención” dado que se trata de una actividad “con altos riesgos de pasarse al mundo ilegal”, como, a su entender, ha ocurrido en Italia.

La diputada socialista Marisol Sánchez aseguró a Garzón que su departamento tendrá en el PSOE a un “fiel aliado y una palanca impulsora” de sus políticas, aunque se mostrará “vigilante” con el fin de “seguir avanzando en los grandes retos planteados” y defendió que el real decreto recoge lo que el sector “estaba demandando”.

En este sentido, señaló que ambos partidos seguirán trabajando para “reforzar la autoconciencia y la autonomía del jugador de cara a practicar un consumo saludable y prevenir patrones problemáticos”. El también socialista Daniel Biondi lamentó que la actividad del juego “se está convirtiendo en una auténtica lacra social porque toca a los más jóvenes y a la personas con menos recursos y puede generar adicción”.

Por el grupo parlamentario Plural, Concepció Cañadell, de Junts per Catalunya, hizo un llamamiento para que el ministerio de Garzón “no aumente la conflictividad” con relación a las competencias transferidas y subrayó que el real decreto sobre juego online supone un “refuerzo light”.

CONSUMO

En otro orden de cosas, Garzón denunció la capacidad de intervención “enormemente asimétrica” que tienen los consumidores con respecto a las grandes multinacionales que operan en un mercado globalizado y subrayó que su ministerio está “comprometido” con un “enfoque muy particular” con respecto a la protección de los derechos de los sectores “más vulnerables”, incluyendo a los “colectivos feminizados”.

En respuesta al diputado de Vox Ignacio Garriga, que le afeó que defendiera un modelo de consumo “comunista”, consideró que el actual modelo de producción y consumo es “insostenible”. “No queremos coger el modelo de ningún país porque eso no funciona en ningún ámbito”, deslizó.

En la misma línea, en respuesta a la radiografía del PP sobre la situación del campo español, Garzón respondió a Riolobos que el Ejecutivo debe ser capaz de “proteger” al sector primario aunque ello no es óbice para favorecer que los consumidores accedan a un modelo de consumo “saludable y asequible”.

Asimismo, afirmó que entre las preocupaciones de su departamento también estará la protección de los consumidores frente a los “fraudes” y que entre sus retos también está la compra y venta de datos personales, el comercio electrónico y las nuevas “experiencias de consumo” que, a su entender, “requieren adaptar la regulación”.