Celaá ya tenía lista y avanzada esta reforma legislativa, pues el texto es el mismo que ya presentó hace un año en la reunión ministerial y que no pudo prosperar al disolverse las Cortes por el anuncio electoral del 28 de abril. Ahora, el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos ha decidido repescarla e incluirla entre las primeras leyes que impulsará este año, que según el calendario del Ejecutivo contará con 92 nuevas leyes.

El texto base en el que ha trabajado el equipo de Celaá se sustenta en cinco pilares: el enfoque de derechos de la infancia, la igualdad de género, elevar los resultados de todos los estudiantes, el desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030 y el cambio digital.

La reforma también supone una apuesta por la educación de 0 a 3 años y la eliminación de los itinerarios 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduzca al mismo título de graduado en ESO. También persigue una FP más flexible, dando la posibilidad a los alumnos de Grado Básico a recibir el título de graduado en ESO.

Asimismo, contempla la eliminación de las pruebas finales de etapa y que en las comunidades con lenguas cooficiales un 55% de los contenidos y materias sean competencia del Estado y que, en las comunidades con una lengua, un 65% sean competencia del Estado. La futura ley también apuesta por una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos en Primaria y ESO y que la Religión no sea computable ni tenga alternativa.

El texto actual como el de hace un año no ha pasado por el Consejo de Estado, según Celaá “porque no es preceptivo” y porque, según el Ministerio, contaría con un apoyo mayoritario.

En febrero de 2019, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, Celaá explicó que su ley, la Lomloe, tenía como objetivos "modernizar el sistema educativo; recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema personalizando el tratamiento educativo; mejorar los resultados del sistema reduciendo el abandono y el fracaso escolar, además de estabilizar el sistema educativo e incorporarlo como pilar básico de las políticas de conocimiento”. “Este proyecto -recalcó Celaá- no viene con el único objetivo de derogar la Lomce, que sí lo hace, cuando sea aprobada, ya que el objetivo es mejorar el sistema educativo español”.

Precisamente, la ministra hizo hincapié en el objetivo de dar una mayor estabilidad al sistema, por lo que propuso “un pacto para blindar su suelo de inversión educativa del 5% del PIB”. Éste argumento fue el que esgrimió el Grupo Parlamentario Socialista para abandonar la subcomisión parlamentaria donde se buscaba un pacto educativo hace casi dos años y que impidió que se obtuvieran conclusiones del trabajo realizado en el Parlamento durante meses.

Según Celaá, la reforma también buscaría combatir la lacra del abandono escolar temprano y el fracaso escolar y fomentar la igualdad de oportunidades, con medidas concretas como la de conceder el título de Bachillerato a los alumnos que tengan una asignatura suspensa, que ha sido contestada desde algunos sectores.

En su reciente comparecencia hace unos días en la Comisión de Educación del Congreso, Celaá, explicó que la reforma parte del “consenso” y “garantiza la igualdad de oportunidades y permite la personalización de caminos formativos adaptados a las necesidades del alumnado”, pues el sistema requiere un cambio de “enfoque” y “una nueva filosofía” que no suponga “una carrera de obstáculos para el alumno”.