Así se refleja en las conclusiones incluidas en su informe ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020’, en el que destaca las diferencias entre territorios en algunos tributos así como entre los impuestos cuya gestión está parcialmente cedida a las autonomías y aquellos cedidos completamente.

Así, una de las principales conclusiones del informe es que la recaudación que aportan a las autonomías los tributos parcialmente cedidos (IRPF, IVA e Impuestos especiales) “se ha ido incrementando considerablemente”, mientras que ha decrecido, “por motivos diversos, la de los cedidos totalmente (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, e ITP y AJD).

En concreto, el informe destaca que los impuestos propios, en su conjunto, recaudaron solo el 2,1% de los ingresos tributarios de las comunidades en 2018, 2.364 millones de euros, y considera “conveniente” contar “con un patrón común para el establecimiento de tributos que gravan el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente, en muchos casos para acabar haciendo tributar el mismo hecho imponible”. Por ello, plantea “una armonización de los tributos propios que contemplara los principales elementos configuradores del tributo”.

En lo que se refiere al Impuesto de Patrimonio, el informe resalta que cuatro comunidades (Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana) han reducido los mínimos exentos, mientras que La Rioja bonifica la cuota en un 75% y que en Madrid no se paga, concluyendo todo ello “lastra de manera importante el potencial recaudatorio de este impuesto”.

Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, apunta a que “claramente se ha instalado una competencia fiscal a la baja cuando se trata de herederos o donatarios que son familiares cercanos del causante o del donante”.

Además, el presidente del CGE, Valentín Pich, calificó de “auténtica jungla” los impuestos propios de las comunidades autónomas, resaltando que, de los 70 en vigor, la mayor parte están relacionados con la protección del medioambiente. En este sentido, Pich aseguró que “nadie duda de que hay que proteger el medioambiente, y la fiscalidad es una de las vías que pueden ayudar en este sentido, pero esta tributación debería hacerse de forma ordenada y eficiente, y una de las posibles fórmulas para hacerlo de esta manera sería que el Estado delimitara los impuestos ambientales más importantes, cediendo la recaudación a las comunidades y, en algunos casos, cierta capacidad normativa”.

En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, el informe subraya la evolución “relativamente positiva” desde la crisis, al aumentar la recaudación en casi todas las figuras impositivas, con la excepción del de Sociedades.