Así lo manifestó este viernes en la rueda de prensa final a la Asamblea Plenaria que ha reunido esta semana a los prelados españoles en Madrid, cita que se ha destinado, en gran parte, a renovar los principales cargos del Episcopado para los próximos cuatro años, y de la que ha salido elegido como presidente de la CEE el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Durante la inauguración de la Asamblea Plenaria, el pasado lunes, el nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, pidió a los obispos españoles que abriesen esos servicios en todos los territorios.

Según expuso Argüello, los prelados han dialogado en el marco de esta asamblea para impulsar oficinas que cuenten siempre “con un enlace diocesano para asegurar cercanía” a las víctimas, aunque luego haya otra oficina de coordinación y con más medios y servicios a nivel de provincia eclesiástica.

Estas oficinas, matizó, tratan de ofrecer “otro tipo de experiencia” a las víctimas, que busquen el “acompañamiento”, pues “cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir a las autoridades civiles”, pero negó “que sean un tapón para que no haya denuncias”.

No obstante, recalcó que la Iglesia trasladará las denuncias a las autoridades, una vez acreditada cierta verisimilitud.

Finalmente, tras asegurar que la Iglesia española no tiene una cifra concreta de casos, indicó que aunque a nivel de Conferencia Episcopal no se abrirá una oficina de denuncias, sí se establecerá “un servicio de comunión para poner en relación todas estas oficinas metropolitanas y diocesanas” y prestar “otro tipo de servicios”: ser “cauce” informativo, de comunicación de los recursos materiales de unas y otras diócesis y prestar atención desde la CEE gracias a la relación “privilegiada” que tiene con el Tribunal de la Rota, más enfocado a asuntos de tipo canónico o penal. “Con tantas oficinas en el mapa de España no parece necesario que exista en esta casa”, zanjó.