La fiscalía pide 32 años de prisión para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delito fiscal

- La Abogacía del Estado pide 28 años de prisión para los protagonistas de `Cuéntame´

MADRID
SERVIMEDIA

La Fiscalía Anticorrupción reclama 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias por la presunta comisión de siete delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2009 y 2015, investigados dentro del `caso Nummaria´. Ambos protagonistas de la serie 'Cuéntame' están investigados por evasión de impuestos a través de un despacho de abogados supuestamente especializado en crear estructuras societarias para evitar los pagos al fisco.

La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado solicita también 28 años de prisión y 16 millones de multa para los actores. Los artistas alcanzaron un acuerdo con la fiscalía y con la representación legal del Estado en virtud del cual devolvieron la mayor parte de los impuestos presuntamente defraudados. Pese a ello, deberán ir a juicio y pagar una multa a cambio de no ingresar en prisión.

La Agencia Tributaria reclama cuatro años de prisión por cada uno de los siete años en los que considera que los actores de `Cuéntame´ defraudaron. El juez instructor Ismael Moreno cree que el despacho que les asesoraba creó una estructura de sociedades "cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera".

La fiscalía solicita en su escrito de acusación la apertura de juicio oral contra un total de 31 personas, entre las que se encuentran Duato y Arias, y cuatro entidades como responsables civiles. Fernando Peña, el propietario del despacho de gestión de partrimonio, es uno de los principales acusados del supuesto entramado de evasión fiscal.

Por su parte, la Abogacía del Estado considera que el despacho Nummaria “facilitaba a sus clientes estructuras jurídico económicas que eran diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas”.

(SERVIMEDIA)
06 Mar 2020
SGR/gja