Así propone una restricción limitada a aquellos asuntos y servicios que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes. Esta postura será remitida formalmente al Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado constituirse como el órgano que realizará el seguimiento de las medidas que vayan adoptándose en el ámbito judicial, estableciendo un canal de comunicación permanente con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos, a los que se dará traslado inmediato de todas las decisiones que se acuerden.

Además, asume la responsabilidad de la coordinación con el resto de las administraciones con competencias en materia de Justicia y con las autoridades sanitarias. Será el órgano encargado de resolver sobre la propuesta de la Comisión Mixta constituida entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

En el escrito del TSJM se destaca la singularidad de la situación en la Comunidad de Madrid por el elevado número de contagios registrados, unida a la dimensión de la planta judicial que incrementa la necesidad de abordar medidas que contribuyan a paliar las consecuencias que puedan producirse. Además, considera qu hay que conciliar la protección de la salud con la prestación de la tutela judicial efectiva que proclama la Constitución como derecho fundamental.

El TSJ traslada al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de adopción de medidas de restricción de la actividad judicial, limitándola a aquellos asuntos y servicios que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes y urgentes.

La Sala de Gobierno se compromete a trasladar de inmediato las propuestas que resulten oportunas en cada tipo de órganos judiciales y clases de actuaciones, así como en los servicios auxiliares que les sirven de soporte. Recuerda también que las medidas a adoptar deben permitir la conciliación de la prestación de cada servicio con la vida familiar, y definir el volumen de trabajadores que tendrán que asegurar la actividad judicial en la medida que resulte aconsejable.