El magistrado había rechazado la práctica de diligencias en relación a ese período por considerar que los hechos estaban prescritos, pero ahora deberá reabrir las pesquisas e investigar si hubo adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Valdemoro a empresas del constructor David Marjaliza.

Anticorrupción recurrió la decisión ante la Sala de lo Penal, con el argumento de que en el municipio madrileño se había producido "un expolio con pocos precedentes" entre 1999 y 2004. En ese período, el Ayuntamiento regido por Granados adjudicó contratos de manera presuntamente irregular para la construcción de viviendas protegidas e hizo obra por un valor superior a los 100.000 euros.

La Audiencia Nacional entiende ahora que las diligencias solicitadas por Anticorrupción son "pertinentes" porque ya hay evidencias de pruebas “incriminatorias” sobre la actividad del ayuntamiento en esas fechas, que no deben tenerse por prescritas por ser “sólo una fase de la misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal”.