En el encuentro participaron, en representación del Estado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón; la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz.

Por parte del Gobierno vasco, acudieron al encuentro el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Aspiazu; el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; la viceconsejera de Hacienda, Itziar Agirre; el diputado general de Álava, Ramiro González; el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria; y el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano.

Según informó Hacienda en un comunicado, en la reunión también se abordaron “diversos asuntos relativos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como los objetivos de deuda y déficit, así como la aprobación del Plan Económico y Financiero, entre otros”.

En lo que respecta a los objetivos de deuda y déficit, en la reunión se ha ratificado el acuerdo suscrito el 24 de octubre de 2018 en relación con el Plan Económico-Financiero 2018 y 2019 del País Vasco, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Así, Hacienda destacó que “en el marco de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria”, la Comisión ha fijado los compromisos sobre los objetivos de Estabilidad Presupuestaria del País Vasco, que serán de equilibrio presupuestario para el período 2020- 2023. En cuanto a la deuda, los objetivos fijados son del 11,8% del PIB en 2020, 11,4% en 2021, 11% para 2022 y 10,6% en 2023.

Además, la Comisión también ha fijado los importes de la financiación anual correspondiente al País Vasco en las Políticas Activas de Empleo. En concreto, la participación del coste asociado a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, empleo y formación profesional traspasados a esa comunidad ascienden a 134,3 millones de euros en 2016; a 131 millones en 2017; y 181,4 millones en 2018. Por su parte, la financiación provisional de 2019 se sitúa en 276,4 millones de euros.

Por otro lado, ambas partes han acordado la participación del País Vasco en las dotaciones presupuestarias extraordinarias contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a partir de 2020. La participación en esta financiación extraordinaria, indicó Hacienda, finalizará en 2022, último año de vigencia del Pacto.

Por último, las dos partes se han comprometido a celebrar una nueva Comisión Mixta del Concierto antes de que finalice el primer semestre de 2020 para acordar las modificaciones del Concierto Económico que se consensuen y para la renovación de los componentes de la Junta Arbitral, prevista en el Concierto. Asimismo, en la próxima Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-País Vasco, se tratará la posible mejora de la participación de las instituciones vascas en los foros fiscales internacionales.

Esta reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico llega en pleno periodo de negociación del Ejecutivo con el resto de formaciones políticas para reunir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2020, de forma que el apoyo del PNV a las cuentas podría estar condicionado por el resultado de estos encuentros.

El pasado 30 de diciembre de 2019 el PSOE y el PNV llegaron a un acuerdo para el apoyo de la formación ‘jeltzale’ a la investidura de Pedro Sánchez. A cambio de dicho apoyo, el PSOE se comprometía, entre otras cuestiones, a acordar previamente con el PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes y que afecten al País Vasco, así como encauzar las discrepancias que puedan producirse en las relaciones en el ámbito fiscal o el financiero establecidas por el Concierto Económico.

El último acuerdo sobre el conocido como cupo vasco tuvo lugar a finales de 2017, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se aprobó el correspondiente al quinquenio 2017-2021, que establecía para 2017 un cupo base de 1.300 millones de euros y determinaba también los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales). De esta forma, una vez venza dicho periodo, el Gobierno central y el del País Vasco deberán llegar a un nuevo acuerdo para el siguiente quinquenio.