Según informó la Policía, los 12 detenidos lo fueron en Benidorm (5), Granada (6) y Valladolid (1) como presuntos autores de los delitos de estafa continuada y agravada, usurpación de identidad, blanqueo de capitales, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

También se han realizado dos registros en Benidorm en los que se han intervenido más de 20.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y una importante cantidad de joyas y relojes de gran valor. Además, han localizado varios ordenadores y numeroso material informático, entre el que destaca más de 100 tarjetas bancarias, 16 terminales móviles, numerosas tarjetas SIM duplicadas y material para falsificar documentación personal y han bloqueado las cuentas bancarias personales de los investigados y las de las mercantiles implicadas.

La organización contaba, entre sus miembros, con nacionales de Italia, Rumanía, Colombia y España. Sus cabecillas eran de origen napolitano y se habían asentado, desde principios del año pasado, en la localidad de Benidorm manteniendo un contacto muy estrecho con un grupo mafioso de su localidad natal.

La investigación se inició hace aproximadamente un año, contando con la colaboración de analistas de Europol y de la Policía Nacional de Italia. Los investigados habían creado cinco empresas mercantiles que utilizaban para blanquear el dinero proveniente de las estafas, cuyo método consta de varias fases: en primer lugar, se apoderaban de las claves de acceso a los portales de banca ‘online’ de las diferentes entidades mediante técnicas de ‘phising’, ‘malware’ o ‘pharming’. Luego los solicitaban un duplicado de las tarjetas SIM de las diferentes víctimas, aportando a las empresas de telefonía móvil documentación falsa –en algunos casos, de personajes públicos- para recibir los códigos de confirmación de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban.

Tras la obtención de esos códigos, realizaban las transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero. En otras ocasiones, también solicitaban préstamos preconcedidos o microcréditos a las entidades bancarias para obtener mayor beneficio económico.

Todo ello lo realizaban en un corto periodo de tiempo, entre una y dos horas, tiempo máximo en el que la víctima se percataba de que teléfono había dejado de funcionar al estar operando con la nueva tarjeta duplicada. De esta manera, a cada perjudicado le sustraían de sus cuentas bancarias cantidades que iban desde los 6.000 hasta los 137.000 euros, en uno de los casos.

Los detenidos, cuyas edades están comprendidas entre los 22 y los 53 años, han pasado a disposición judicial, ingresando cinco de ellos en prisión provisional. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan la aparición de más perjudicados.