En una rueda de prensa telemática celebrada en la Moncloa, tras un Consejo de Ministros extraordinario que se extendió durante más de siete horas, Sánchez señaló que, a los efectos del estado de alarma, la única autoridad competente será el Gobierno. Bajo su dirección, los ministros competentes serán el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, el de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, que también se hará cargo de las materias que no pertenezcan a ninguno de los ámbitos referidos.

Las otras situaciones que contempla el real decreto para poder circular por calles y carreteras, además de ir a comprar y trabajar, son volver al lugar de residencia habitual, cuidar a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazarse a entidades financieras y otras “causas de fuerza mayor o situación de necesidad”.

El real decreto recoge también que todos los cuerpos de Policía, incluidos los autonómicos, quedarán bajo el mando del ministro del Interior, así como la posibilidad de movilizar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el abastecimiento de la población y garantizar que se cumplen las medidas decretadas.

Además, Marlaska podrá acordar el cierre de la circulación por carretera en determinados tramos por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

ILLA CENTRALIZA LAS COMPETENCIAS SANITARIAS

En virtud del real decreto, todas las autoridades civiles de España y, en particular, las sanitarias, pueden quedar, si es necesario, bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad, aunque las comunidades autónomas mantendrán la gestión de los servicios.

Además, tanto las autoridades sanitarias como los funcionarios y trabajadores que dependen de ellas quedarán bajo la competencia de Illa “en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares”.

No obstante, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos mantendrán la gestión, siempre dentro de su ámbito de competencias, de los servicios sanitarios.

Concentrar en Illa las competencias sanitarias permitirá, según el decreto, redistribuir por toda España al personal sanitario y todos los medios materiales según las necesidades que vayan surgiendo ante el avance del coronavirus

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO

El Gobierno podrá, mientras dure el estado de alarma, intervenir y ocupar fábricas y talleres, así como la industria farmacéutica para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para proteger la salud pública.

Específicamente, el titular de Sanidad podrá “impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento”.

Además, si fuera necesario, el Gobierno podrá requisar, de forma temporal, “todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública”.

El decreto garantiza el suministro en los lugares de consumo y, para ello, garantiza a su vez el funcionamiento de los centros de producción, “permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino”.

Para poder cumplir con estas medidas, las autoridades podrán acompañar a los vehículos encargados de suministrar los productos señalados.