Tras reconocer la necesidad de dichas medidas, insistieron en que estas deben ser "proporcionadas, necesarias y no discriminatorias".

Según alertaron, algunos Estados pueden encontrar "atractivas" estas restricciones, en cuanto permiten la prohibición de manifestaciones y concentraciones. Por ello, reclamaron que todas las decisiones se basen en razones de protección de la salud pública y "estén claramente definidas y justificadas legalmente".

Apuntaron que todos los estados de emergencia han de ser declarados de forma pública y por los cauces apropiados, y nunca han de servir para "perseguir ni a grupos étnicos o religiosos, ni a activistas y defensores de derechos humanos ni a opositores políticos".