Los detenidos, que contaban con una estructura perfectamente jerarquizada y asentada en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, contactaban con personas que anunciaban sus productos en la plataforma y les realizaba una oferta superior al valor anunciado para que corrieran con los gastos de envío.

Para asegurar la compraventa y ofrecer garantías a la víctima, les enviaban una fotografía de su supuesto DNI. El afectado no sospechaba que se trataba de un fraude, ya que la identidad utilizada pertenecía a una persona a quien habían suplantado.

También suplantaban la plataforma de pago de la propia aplicación o de una entidad bancaria para hacer creer a la víctima que habían cobrado la venta. El engaño se materializaba cuando los autores, valiéndose de técnicas de ingeniería social, remitían un falso correo electrónico de la pasarela de pago seguro de la aplicación de compraventa o de una entidad bancaria, en el que conformaban el pago de la cantidad acordada por el producto.

Según la Policía Nacional, la característica principal de esta tipología delictiva radica en que las victimas recibían un nuevo correo electrónico fraudulento en el que le indicaban que había un exceso en el importe de pago y que, para liberar la transferencia, debían realizar un ingreso de compensación en una cuenta bancaria -que correspondía a la de un miembro de la organización- o una transferencia a un beneficiario localizado en Nigeria.

COLABORADORES NECESARIOS

La organización precisaba de la cooperación de distintas personas, como por ejemplo las denominadas “mulas informáticas”, que previamente eran captadas a través de esa misma aplicación o de otras redes sociales. Estas personas se encargaban de recibir los paquetes que contenían las compras fraudulentas realizadas, que luego revendían en distintos canales de venta de segunda mano.

También estaban los titulares de cuentas bancarias donde se hacía el ingreso del dinero procedente de las víctimas. Los beneficios obtenidos, una vez descontada su parte, se enviaban a Nigeria a través de empresas de transferencias de fondos.

Tras dos años de investigación, los agentes de la Policía Nacional dieron por desarticulada la red criminal y solicitaron una Comisión Rogatoria Internacional para que las autoridades nigerianas procedieran a la plena identificación y detención de 136 personas de ese país que están plenamente relacionadas con la investigación y, entre los cuales, se hallarían los autores intelectuales.