Delgado ha enviado una comunicación a los fiscales en la que recuerda el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 14 de marzo de 2020 que acordó la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, a salvo de los servicios esenciales, debiéndose mantener los edificios judiciales abiertos y operativos a estos efectos, en aplicación del estado de alarma.

La fiscal general del Estado dictó el pasado 10 de marzo un decreto en el que impartía determinadas instrucciones a fin de asegurar la prestación del servicio público y la protección de la salud de los fiscales. Fijaba la generalización del teletrabajo y la presencia efectiva del Ministerio Fiscal en el servicio de guardia, “evitando en lo posible todos los desplazamientos” y “potenciando el uso de medios telemáticos (videoconferencias)”, debiendo velar los fiscales jefes por su cumplimiento “en el marco de su capacidad directiva y autoorganizativa”.

Desde la Fiscalía General del Estado se compilan todas las normas que permiten el uso de herramientas de comunicación a distancia que garantizan la actuación de los fiscales y los derechos de los ciudadanos.

La instrucción recuerda así que el ordenamiento jurídico prevé expresamente el uso de sistemas de videoconferencia u otros similares que permitan la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes.

El artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina, cuando así lo acuerde el juez o tribunal, la posibilidad de realizar actuaciones judiciales mediante este tipo de sistemas de comunicación telemática, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa.

Los artículos 325 y 731 bis de la LECrim permiten la intervención en el procedimiento de investigados, encausados o testigos a través de dichos sistemas telemáticos por razones de utilidad, seguridad u orden público. Esta misma norma en su artículo 306.4 faculta expresamente y en todo caso la intervención telemática del Ministerio Fiscal durante la fase sumarial del procedimiento penal.

La legislación también contempla la posibilidad de facilitar a la persona detenida que se comunique con su asistencia letrada por teléfono o por medio de videoconferencia. Permite asimismo (art. 123.5 LECrim) que la asistencia del intérprete a la persona investigada se preste por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación.

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avala la utilización de los sistemas de videoconferencia u otros análogos para la intervención de las personas acusadas en el proceso penal, siempre que se persiga una finalidad legítima y sus modalidades de desarrollo sean compatibles con las exigencias de respeto de los derechos de la defensa, tal como establecen las sentencias Stanford contra Reino Unido, de 23 de febrero de 1994, o Zagaria contra Italia, de 27 de noviembre de 2007.

Igualmente, distintas directivas del Parlamento Europeo y el Consejo recogen la posibilidad de que un acusado o investigado sea oído por videoconferencia u otros medios de comunicación audiovisual. Sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, admite la comunicación de la persona detenida con su asistencia letrada por medio de videoconferencia u otras tecnologías de la comunicación.