Esta organización indicó que algunas actividades cinegéticas se permiten ahora en Asturias y Galicia, y que Castilla y León las autorizó, pero "la reacción social y las acertadas alegaciones de los agentes forestales" lograron que el Ejecutivo autonómico anulara la circular que permitía la caza.

"Desde el punto de vista legal, la caza no puede excluirse de las actividades que implican confinamiento. Es una actividad de ocio, económica y no de primera necesidad. Tampoco forma parte de la actividad agraria, como ha pretendido argumentar la Junta de Castilla y León", recalcó Ecologistas en Acción.

Esta organización consideró "notorio que las autorizaciones excepcionales que se dan a los cazadores por presuntos daños en los cultivos o en las explotaciones ganaderas se han convertido en algo sistemático que ha generado un nuevo negocio al margen de la temporada regular de caza que acaba de terminar".

DAÑOS DE ESPECIES

Además, recalcó que los agentes medioambientales y forestales, que debían vigilar por la adecuada utilización de esos permisos extraordinarios, son "un personal escaso" que carece de equipos de protección individual por si tuvieran que intervenir armas, denunciar o detener a infractores.

"Detrás de toda esta cuestión subyace la obsesión por los posibles daños que puedan generar algunas especies cinegéticas. Para su control se recurre una y otra vez a los cazadores, a pesar de que no sólo no ayudan a ese control, sino que contribuyen a las superpoblaciones. Persiguen a los depredadores naturales y, sobre todo en el caso del jabalí y otros ungulados, no dudan en alimentarlos artificialmente o en repoblar en busca de los mejores y más numerosos trofeos", aseguró Ecologistas en Acción.

Por ello, Ecologistas en Acción solicitó que todas las autoridades establezcan con claridad la prohibición de salir a cazar, sea en la modalidad que sea, durante el estado de alarma, y que Galicia, Asturias u otros territorios que las puedan tener retiren las normas, circulares o instrucciones que permiten actualmente la caza.

Otras peticiones son que el Gobierno español actúe si no lo hacen los autonómicos, retirando las normas ilegales y denunciando judicialmente a los responsables de su aprobación; que las administraciones asuman que la caza no ayuda a controlar las poblaciones de especies cinegéticas, y que haya un sistema de seguros frente a daños accesible y garantista para agricultores y ganaderos que tomen medidas de autoprotección.