El decreto obtuvo el respaldo de la mayoría de los portavoces que intervinieron en el debate, a excepción de los del PP, Vox y BNG, que optaron por la abstención. Además, muchos de los grupos pidieron su tramitación como proyecto de ley.

En la defensa del decreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló que “el estado de alarma en el que nos encontramos en España es un paréntesis útil para la reflexión y una de las lecciones más claras que debemos extraer es que necesitamos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores”.

Por ello, destacó que el real decreto ley “es necesario e inaplazable para el sector agroalimentario y muy especialmente para los agricultores y ganaderos”, de los que valoró que “están produciendo y poniendo en el mercado productos frescos que permiten el abastecimiento de la industria, de la distribución y, consiguientemente, la alimentación de todos”.

En esta línea, añadió que “en una situación “dramática y extrema” como la actual “la importancia de su trabajo queda aún más demostrada”. “Los necesitamos”, sentenció.

“Es fundamental que todos los productos alimentarios lleguen a todos los ciudadanos, prosiguió el ministro, quien trasladó también su reconocimiento al papel del resto de eslabones de la cadena alimentaria para que “estemos abastecidos todos los días de alimentos en cantidad y calidad suficiente”.

En cuanto a la abstención del PP, la diputada Milagros Marcos denunció que los agricultores “necesitan que el gobierno les tome en serio y se ponga a trabajar” y cuestionó que esta norma sea la solución. Según su punto de vista, el decreto “es Atropellado, precipitado y unilateral y ni es urgente ni soluciona gran cosa”. De hecho, concluyó que “solo el coronavirus ha paralizado las movilizaciones”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel López Maraver, explicó su abstención ante el decreto por considerarlo “una tomadura de pelo que pretende frenar la salida a la calle del campo” y añadió que “falto, limitado e impropio, además de carecer de un mínimo compromiso hacia los agricultores y al resto de operadores de la cadena alimentaria”. “Parece salido del horno de una república bananera”, apostilló.

Entre los que respaldaron el decreto, la diputada del PSOE Isaura Leal destacó que las medidas incluidas “van a garantizar el nivel de vida de los agricultores, van a mejorar su posición negociadora y van a lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de toda la cadena alimentaria. Con ello, defendió que “se va a evitar el abandono de las explotaciones agrarias y se va a impulsar el reequilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria”.

En nombre de Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde, afirmó que el decreto "da respuesta a las demandas del sector", aunque admitió que "seguramente habrá que tomar nuevas medidas". Además, pidió no culpar al Gobierno de "una situación que viene de atrás con cuestiones que no son nuevas y, que según denunció, se “vieron agravadas por las políticas del PP”.

El decreto prevé la modificación de varios puntos de la ley de 2013 de cadena alimentaria. Entre ellos, ha prohibido a partir de ahora la denominada venta a pérdidas, de forma que no se puede vender por debajo del coste de producción, con la excepción de productos perecederos.

También se deben incluir los costes de producción en los contratos que suscriben los agricultores y ganaderos con la distribución, y se prohíbe la publicidad engañosa basada en productos reclamo, por lo que suponen de devaluación” del valor de los productos usados como gancho para vender otros.

El decreto también reforma la ley del IRPF para flexibilizar la tributación de los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad productiva, de manera que puedan pagar el gravamen en cuatro ejercicios y no solo en uno, como ahora.

Además, para fomentar la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos-discontinuos, se facilita la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes.

Por último, el decreto también incluye la reducción de 35 a 20 de las peonadas mínimas necesarias en Andalucía y Extremadura para tener acceso al subsidio agrario.