El presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, dijo en un comunicado que se trata de una decisión “precipitada, gravísima, unilateral e injustificada, de dudosa constitucionalidad, que atenta la libertad de empresa, y que aboca a muchas de ellas al concurso de acreedores y a su liquidación”.

Según el exdiputado de Unió, los empresarios no pueden admitir “que se ponga en duda su honorabilidad (...) bajo la sospecha del fraude como consecuencia de la lucha contra el Covid-19”.

Las medidas sobre el despido aprobadas en el último Consejo de Ministros son, a juicio de Fomento, “de dudosa constitucionalidad, puesto que atentan contra el principio de libertad de empresa constitucionalmente reconocido en el artículo 38 de la Carta Magna”.

“El propio Tribunal Constitucional ha señalado el reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no solo para crear empresas y, por tanto, para actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado (STC 83/1984, de 24 de junio)”, añade la patronal.

Fomento sostiene que lo que precisan ahora las empresas es disponer de mayores instrumentos de flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales y poder utilizarlos, evitando o limitando, de ese modo, extinciones de contratos.

Sobre la revisión de oficio de los ERTE y sanciones ante la consideración por parte de la Administración de que las medidas solicitadas por la empresa en relación al empleo no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, Fomento la considera “una nueva medida inaudita que nos aboca a una enorme inseguridad jurídica y donde la Administración se arroga unas competencias que no le corresponden, puesto que se trata de cuestiones que, en todo caso, deberían determinar los tribunales”.

También se queja de que el Gobierno “ha eludido, una vez más, la necesaria consulta a las organizaciones empresariales en una materia de la magnitud de lo aprobado, obviando el papel que nuestro ordenamiento jurídico reserva a los agentes sociales”.