Andreu Van den Eynde, abogado de los dos líderes independentistas, pide al tribunal que resuelva el recurso con carácter de urgencia porque dadas la situación su permanencia en prisión podría afectar a la vida de los dos presos. Junqueras cumple una pena de 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación, mientras que Romeva fue condenado a 12 años por idénticos delitos.

Esta no es la primera vez que ambos piden la suspensión de la pena. En la anterior ocasión, su letrado esgrimió que habían sido vulnerados “sus derechos a un juicio justo, a la libertad y el derecho a la participación y representación política”. Esta vez, sin embargo, argumenta que “existe una grave afectación al derecho a la vida, a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad y el derecho a la vida familiar” de los condenados.

En el recurso, Junqueras y Romeva piden protección para evitar “daños irreparables” al estar en prisión, dado que el propio Ministerio del Interior ha admitido que la situación es especialmente preocupante en los centros penitenciario y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa han pedido a los Estados “alternativas a la prisión ante el efecto del Covid-19 en las cárceles”.

Además, su defensa argumenta que el riesgo de fuga queda minimizado por la actual emergencia sanitaria y el estado de alarma y ofrece que se les imponga cualquier mecanismo de control con tal de preservar su derecho a “no sufrir un daño irreparable”. También Jordi Cuixart pidió la pasada semana su puesta en libertad para poder pasar el confinamiento en su casa.

También la pasada semana, el abogado de Junqueras y de Romeva presentó un escrito en el que solicitaba la recusación de todos los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por entender que no cumplen con el requisito de imparcialidad que es exigible.

La legislación impide la recusación al completo del Tribunal Constitucional, pero Van den Eynde considera que se puede solicitar para cada uno de sus miembros de manera individualizada y, por tanto, dirige su petición contra el presidente del TC, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca Trías; y los vocales Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Juan Antonio Xiol Ríos, Santiago Martínez-Vares García, Alfredo Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Con-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón.

Los líderes independentistas consideran que concurren en este caso los supuestos para la recusación contemplados en los apartados 7º, 10º, 11º, 13º y 16º del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En esos preceptos se establecen como causas de abstención o de recusación ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes, tener interés directo o indirecto en el pleito o causa, haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia y haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.