El sindicato de enfermería entiende que no se les ha dotado "adecuadamente" de los equipos de protección "necesarios" para desarrollar "con todas las garantías" su labor profesional frente al coronavirus, según destacó este martes a través de un comunicado.

En su denuncia, la organización argumenta, a lo largo de más de 20 páginas, que en España se ha "vulnerado" la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ya que, a su juicio, se ha "atentado de forma muy grave" contra el derecho a la salud y la "integridad física y psíquica" de los profesionales, los pacientes, familiares y compañeros de trabajo, al exponerles "de manera continuada" al virus "sin contar con la protección adecuada".

Por ello, Satse ha emplazado a esta agencia de la Unión Europea a "depurar las oportunas responsabilidades" por los "daños y perjuicios ocasionados" y, en paralelo, a que "exija" a España que dote "con carácter inminente" de las medidas de seguridad necesarias al personal sanitario.

Según el sindicato, ante la "gravísima situación" de emergencia sanitaria, el Gobierno español "no ha actuado con la diligencia necesaria" y tampoco ha realizado las acciones "adecuadas" con "premura y previsión" con el fin de "prevenir" la necesidad de medios de protección (EPIs) y planificar y adoptar las medidas necesarias para, "dentro de sus posibilidades, paliar la situación".

Una "total falta de previsión" que, según Satse, se traduce en que el Ejecutivo ha cometido una "violación" del derecho de la Unión Europea y del propio estado español, al que también atribuyó una posible "responsabilidad" patrimonial. "Pese a su conocimiento, no ha adoptado las medidas necesarias en tiempo y forma”, reiteró la organización sindical, convencida de que la "violación" del derecho comunitario es "manifiesta y denunciable".

En este sentido, lamentó que el Gobierno haya "hecho caso omiso" a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tampoco "ha hecho previsión ni planificación y no ha adoptado las medidas pertinentes". “Al contrario, las que adopta son tardías”, denunció.

“Los requisitos para que exista esa responsabilidad por parte del Estado español es más que evidente y clara", advirtió el sindicato, al tiempo que consideró que también existe una "relación de causalidad", puesto que el "incumplimiento normativo" por parte de España al no dotar adecuadamente "en tiempo y forma" a los profesionales de los equipos de protección necesarios para desarrollar su labor ha "provocado", a su entender, "graves perjuicios a los mismos”.