Dicha medida cautelar se reclamaba dentro de una querella que la asociación ha presentado contra el presidente del Gobierno, dos vicepresidentes y varios ministros por delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en relación a la crisis del coronavirus.

En una providencia, la Sala argumenta que el contenido de la querella formulada no revela los presupuestos necesarios para la adopción de una medida cautelar como la instada, que el tribunal considera que desborda con claridad los márgenes y objeto de este proceso penal, así como la competencia de la propia Sala de lo Penal del Supremo. Tras desestimar la medida cautelar, el Supremo seguirá los pasos para decidir en su momento si procede admitir a trámite o no la querella.

La asociación Abogados Cristianos presentó la pasada semana en el Tribunal Supremo una querella contra todos los miembros del Gobierno por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y solicita que acepte la medida cautelar de obligar al Ejecutivo a repartir de “inmediato” material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad.

En la querella, la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, afirma que el Gobierno “tenía perfecto conocimiento de la letalidad” del Covid-19, pues fue en noviembre de 2019 cuando se “conocieron los primeros casos de infectados” en China.

A ello añade que el pasado 30 de enero, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote del nuevo coronavirus como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la necesidad de la “realización masiva de test”.