Desde que comenzó la crisis provocada por el Covid-19, hospitales, centros de salud, residencias, funerarias, industrias farmacéuticas, alimentarias y empresas de limpieza y transporte, además de ONGs y entidades sociales, han tenido dificultades para proveerse de EPI y, por consiguiente, para poder seguir prestando los servicios de forma adecuada garantizando la salud y bienestar públicos.

La Fundación Edad&Vida considera que la “carencia generalizada de estos equipos” se debe a la “enorme complejidad logística” derivada de la situación y por eso propone que sea el Estado el que “comparta” esta gestión con las autonomías y con el sector privado.

En este sentido, el presidente de la entidad, Joaquim Borras, recalca que “se trataría de compartir la responsabilidad”. “El Estado continuaría proveyendo los materiales de protección tal y como lo está realizando, a comunidades autónomas, grandes hospitales y residencias públicas y, por otro lado, empresas experimentadas en distribución, acreditadas y controladas, llevarían a cabo la provisión al resto de las compañías que realizan actividades esenciales”, subraya.

Según Borras “la complejidad logística de micro-distribución que sería necesaria sólo la pueden llevar a cabo empresas especializadas y con presencia descentralizada y local”. Por ello, plantea una “mayor cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las empresas experimentadas en la distribución de EPI”.

Así, la propuesta de la Fundación Edad&Vida se basa en regular la compra de EPI y organizarla a través de empresas especializadas en distribución, para que también puedan comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales. Sin embargo, advierten que es necesario cumplir con ciertos criterios.

De esta manera, proponen que, para evitar el abuso, se exija a las empresas una experiencia previa en la compra y distribución de EPI. Además, entre los requisitos esenciales está la redacción de un código ético de obligado cumplimiento que defina las prioridades del Estado en la asignación de EPI, en la homologación de los equipos y en los márgenes a aplicar sobre los precios de compra (se deberá fijar un margen máximo).

Por último, proponen que se mantenga la obligación de comunicación con el Estado, pero sin “confiscación” posible, salvo casos excepcionales, para así agilizar la emisión de salvoconductos a la importación entre las empresas que hayan sido acreditadas.

En su propuesta también incluyen que se faciliten las posibilidades de compra del sector público y que se deroguen de forma transitoria los controles que ralentizan el proceso de compra de las instituciones públicas sanitarias que, entre otras limitaciones, impiden el pago rápido por adelantado de los materiales que se necesitan.