El documento está firmado por CEIM y más de 70 organizaciones empresariales con ámbito de actuación en Madrid y de carácter nacional como las patronales de cadenas de supermercados y de distribuidores ACES y Asedas, la del comercio textil (Acotex), las grandes empresas de distribución (Anged), las agencias de viajes (Unav) o la de logística y transporte (UNO).

Entre las peticiones a todas las administraciones públicas, destaca la reclamación de “salvaguardar la libertad de empresa reconocida en la Constitución, evitando intervenciones públicas, que, bajo el pretexto de esta situación extraordinaria, entorpezcan la adaptación de cada iniciativa económica y, por tanto, el mantenimiento de puestos de trabajo a medio plazo”. En esta línea, también piden evitar “mensajes generalizados, confusos o incompletos que, persiguiendo tranquilizar a la población en general, perjudican y menoscaban la imagen o la situación de las empresas”.

En una batería de medidas dirigidas al Gobierno de España, las primeras son de carácter fiscal. Así, se hace referencia a suspender el pago de impuestos y obligaciones tributarias, especialmente para actividades no esenciales.

Igualmente piden compensar el pago de impuestos con deudas que tengan contraídas las administraciones públicas, agilizar las devoluciones de IVA, líneas de financiación bonificadas y apoyo para pagar el alquiler de los locales destinados al negocio.

En cuanto a la normativa sobre ERTE, los firmantes del manifiesto solicitan explicitar y ampliar las causas de los de fuerza mayor, dar “certidumbre” sobre los tiempos de tramitación y sobre cuándo se percibirán las prestaciones, autorizar la continuidad de los ERTE más allá del estado de alarma, eliminar la condición de mantenimiento del empleo seis meses después de que finalicen o posibilitar “excepcionalmente” que las vacaciones, hasta un máximo de 15 días, se disfruten en este periodo.

También reclaman “evitar poner en marcha nueva normativa que no resulte indispensable”, conceder de oficio aplazamientos en el pago de cotizaciones en los sectores más afectados, flexibilizar “temporalmente” las condiciones para poder acordar prejubilaciones y “revertir” que los fondos destinados a formación vayan a sufragar políticas pasivas de empleo al entender que supone un “retrocedo claro en la apuesta por la cualificación” de los parados.

Entre las solicitudes al Gobierno de la Comunidad de Madrid y del resto de municipios madrileños, destacan más financiación, reducción de impuestos autonómicos y locales, un fondo de liquidez “inmediata” para autónomos y pymes e incentivos a la continuidad de las empresas y las plantillas.