El pasado jueves, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió al Ministerio de Justicia el documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma. Se trata de una propuesta de 108 medidas, entre las que se encuentras la habilitación del mes de agosto o la posibilidad de dictar sentencias 'in voce'.

El objetivo de este plan de choque es agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario “fiable” para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.

Así, se reforzarán los órganos que resulten sobrecargados; se establecerán normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social y se habilitará el mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales.

En la jurisdicción civil se podrán otorgar los apoderamientos 'apud acta' hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal o exigir a las partes un correo electrónico o un número de teléfono en sus escritos alegatorios para agilizar las citaciones y notificaciones en defecto de procurador.

El plan también establece cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales encontradas y desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables.

El CGPJ propone elevar a 15.000 euros la cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía. Y añade la posibilidad de dictar sentencias orales debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual.

Por último, el documento incorpora dos herramientas que pueden contribuir a la rápida resolución de las acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación: la extensión de efectos y el denominado 'pleito testigo'.

“GRAVES DAÑOS”

El Foro Judicial Independiente reprocha al CGPJ su desconocimiento del día a día en los juzgados y denuncia que este órgano “no ha hecho nada ha hecho durante más de seis años para paliar la situación” de saturación y sobrecarga de los tribunales. Se pregunta también si estos documentos seguirían en un cajón de no haber sido por la trágica aparición de esta pandemia”.

En un comunicado, esta asociación denuncia que “junto con las medidas de agilización procesal, se recogen medidas de carácter estructural y con vocación de permanencia que pueden afectar a la independencia judicial, la competencia, la tutela judicial efectiva y la especialización, entre otras muchas, provocando graves daños a los derechos y garantías procesales de los ciudadanos. Algunas de las propuestas son de dudosa constitucionalidad”.

El plan tampoco es del agrado de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) que critica las “reformas procesales de calado” que plantea sin evaluar antes el alcance concreto que la crisis del coronavirus puede tener sobre la Administración de Justicia.

Entre otras medidas, esta asociación rechaza cualquier “limitación de los principios constitucionales de oralidad e inmediación” que supondrían, de facto, un alejamiento del juez en relación al conflicto que debe resolver y pide intensificar el teletrabajo y las comunicaciones telemáticas como vía válida evitar la paralización de las actuaciones judiciales.

JJpD se muestra critica también con los planes del Consejo para reforzar los juzgados y tribunales de manera temporal porque supone servirse de estos profesionales sólo para resolver carencias puntuales derivadas de la crisis y no para abordar la falta de recursos general en la justicia.

Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales cree que este plan de choque es un intento del CGPJ de “sacar tajada de la crisis”, con medidas que se basan “en una clara y vergonzosa premisa: la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los jueces y magistrados”.

“El CGPJ pretende aprovechar la crisis que nos azota para poner patas arriba el ordenamiento jurídico, sin ningún debate, sin propuestas que supongan ahorrar tiempo ni costes al sistema o a los ciudadanos y con la descarada e insolidaria finalidad de descargar de trabajo y responsabilidad a los jueces endosándoselo a otros”, critica esta asociación.