Así lo refleja un estudio realizado por Ipsos entre el 3 y el 8 de abril a más de 2.000 españoles de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años.

Los españoles en general otorgan unas valoraciones muy bajas a los miembros del Gobierno. El peor valorado es Pablo Iglesias, cuya gestión es considerada como mala o muy mala por el 56% de los encuestados, de los que sólo un 20% considera que su gestión sea buena o muy buena.

En el lado opuesto se sitúa la labor de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya gestión es la mejor valorada, con 1 de cada 3 encuestados calificándola como buena o muy buena. A esta le siguen, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el rey Felipe VI.

En lo que respecta a la percepción de los ciudadanos sobre las diferentes instituciones españolas y su eficacia a la hora de gestionar esta pandemia, junto a los sanitarios, la población española coincide en que las fuerzas armadas y los ayuntamientos, (76% y 43% respectivamente) son los órganos más útiles y eficaces gracias a sus acciones directas, cercanas e inequívocas.

Por el contrario, más de la mitad de los ciudadanos (51%) se muestran especialmente críticos con el papel de la Comisión Europea en la gestión de esta emergencia.

En cuanto a las medidas sanitarias, los encuestados consideran que las más efectivas han sido contar con la Unidad Militar de Emergencias (77%), construir hospitales de emergencia (71%), el control del confinamiento de la población (60%), así como la paralización de toda la actividad económica no esencial (57%).

Sin embargo, consideran muy deficiente la entrega de equipos médicos y de protección, medida cuya ejecución sólo ha sido valorada como efectiva por el 37% de los españoles.

Por otro lado, las medidas económicas sí consiguen generar una percepción más positiva entre todos los individuos. En concreto, la medida mejor valorada es la destinada a garantizar los servicios esenciales (luz, agua, etc.) que es apoyada por un 79% de los encuestados, seguida con un 70% de apoyo la medida de flexibilización de las jornadas laborales.

Como peores valoradas se sitúan las implicaciones en el gasto público y la provisión de avales destinados a la financiación de empresas privadas, con un 58% y 57% respectivamente.