En un comunicado, la organización católica reitera su "preocupación por los derechos de estas personas" y advierte que cuando empiece a remitir el impacto del coronavirus se incrementarán los casos de irregularidad sobrevenida como consecuencia de la imposibilidad de renovar autorizaciones de residencia y/o trabajo y también aumentará el número de personas en situación irregular que no han tenido acceso a una primera autorización.

En un documento que acaba de ser remitido al Gobierno, Cáritas propone la puesta en marcha de un “plan de choque” que resuelva o palíe en lo posible las consecuencias de esta crisis en las personas refugiadas y migrantes.

Las soluciones que se arbitren deberán incidir en las dos situaciones señaladas con el objetivo, en el primer supuesto, de mantener a las personas migrantes y refugiadas en situación de regularidad administrativa y, en el segundo, de buscar una solución jurídica estable para quienes no han accedido en estos años a una autorización. Es decir, evitar la irregularidad sobrevenida y proceder a una regularización extraordinaria.

Como se señala en el documento, la realidad posterior al Covid-19 en el ámbito de la extranjería puede situar al país en un escenario de "colapso administrativo", muy parecido al que se está fraguando ya en el ámbito judicial. Por eso, Cáritas defiende medidas concretas como permitir el empadronamiento de personas extranjeras con documento de identidad de país de origen y/o pasaporte vencido o la prórroga automática por un año de las autorizaciones de residencia temporal.