En el último análisis de la fundación, firmado por José María Rotellar, doctor en Economía y profesor de la Universidad de la Universidad Francisco de Vitoria, se hace “una propuesta eficiente frente a la renta mínima” en la que trabaja en estos momentos el Gobierno y que FAES rechaza por considerarla “una medida propia de un Estado paternalista asistencial”.

Eso sí, como “nos adentramos en lo que parece que va a ser el mayor retroceso anual de nuestra economía desde la Guerra Civil”, este doctor en Economía ve “obvio” que “muchas empresas y muchos empleos se quedarán por el camino” en el período que media entre el cierre productivo por decreto y la recuperación económica.

“Detrás de ellos se encuentran muchas personas y familias que pueden empezar a pasar por situaciones de alta necesidad en algo tan básico como es la alimentación o la atención de sus obligaciones y a los que no se puede dejar sin protección mientras dure esta situación”, opina FAES, antes de subrayar que habría que dar cobertura a estas personas sabiendo que “esa ayuda será transitoria y orientada tanto a su sostenimiento extraordinario como al incentivo para que puedan buscar y encontrar un puesto de trabajo”.

Es decir, la fundación de Aznar defiende que “debería articularse un mecanismo transitorio ligado a esta necesidad y a la búsqueda efectiva de empleo desde el momento inicial”, pero “no una medida permanente y desincentivadora del trabajo, que ya se puso en marcha en el pasado en otros países y cuyos resultados fueron desalentadores”.

El autor alude a la posibilidad de crear “una prestación por desempleo adicional con carácter temporal que sostuviese a estas personas y no generase ni desincentivo laboral ni dependencia perpetua de un subsidio público”. Es más, opina que podrían acogerse a esta medida las personas que habiendo estado en la economía sumergida acreditasen que venían recibiendo unos ingresos por un trabajo que no declaraban.

De esta manera, FAES sostiene que se podría hacer aflorar una parte de la economía sumergida además de sostener a la población que dejara de recibir ingresos y pasase por graves dificultades. “Es obvio que esto generará más gasto, déficit y deuda, pero circunscrito a lo que tiene que ser un período transitorio de necesidad por la circunstancia actual, sin que ello implique unos gastos y déficit estructurales imposibles de sostener”, apostilla la fundación de Aznar en este análisis.

Posteriormente, FAES considera que podría articularse “una medida eficiente que compense a las personas que en un momento determinado puedan encontrarse en una situación de emergencia por una importante disminución de sus ingresos”. Se trataría del establecimiento de un impuesto negativo sobre la renta, de manera que si una persona tiene menos ingresos en un año que los derechos de desgravaciones fiscales con los que cuenta, pueda recibir una devolución de la Hacienda Pública por esa diferencia que ayude a ese nivel de subsistencia.

“Eso sería lo eficiente, no dejaría desprotegido a nadie, ni en el corto ni en el largo plazo, no desincentivaría la búsqueda de empleo y mantendría a la persona válida por sí misma, sin caer en el subsidio permanente público que condenase a sus beneficiarios a una dependencia total de los poderes públicos”, argumentan desde FAES.

Sin embargo, FAES lamenta que el Gobierno de coalición entre el PSOE y “los comunistas de Podemos” ha decidido avanzar hacia “un estado asistencial, ineficiente y que haga dependiente a los ciudadanos del poder público” al “caminar de manera decidida al establecimiento de una renta mínima permanente dirigida hacia un conjunto de beneficiarios que percibirían dicho ingreso con cargo a las arcas del Estado, es decir, con cargo a los contribuyentes”.

FAES valora que “el establecimiento de una renta mínima personal” como plantea el Gobierno “es un grave error” porque “es una medida propia de un Estado paternalista asistencial, que renuncia a crear el marco adecuado para que el sector privado genere una próspera actividad económica”.

Por último, aprecia en la propuesta gubernamental “una carga de profundidad de gran intensidad destructiva para las cuentas de la Seguridad Social y para el conjunto de cuentas públicas, al constituirse en permanente, desincentivadora del trabajo y estructural, lo que puede tensar mucho el endeudamiento español y su sostenibilidad”.