Su abogado, Sergi Mecé Klein, ha entregado el escrito, al que tuvo acceso Servimedia, ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Manuel García Castellón. El letrado entiende que una vez levantado el secreto del sumario no hay “indicios” de la comisión de “delito alguno” por parte de Pozas ni del también investigado Luis Rendueles Bulte, subdirector de Interviú.

Ambos estaban imputados por la presunta comisión del delito de descubrimiento y revelación de secretos, que castiga el descubrimiento de los secretos o la intimidad de alguien, el apoderamiento sin su consentimiento de sus documentos o efectos personales, la interceptación de sus comunicaciones o captaciones de sonido o imágenes.

El juez que investiga la red de corrupción policial del comisario Villarejo imputó en abril de 2019 al periodista Alberto Pozas por revelación de secretos en relación al supuesto espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pozas, exdirector de Interviú y 'exnúmero dos' de la oficina de comunicación de La Moncloa, declaró como testigo ante el magistrado que, tras escuchar su confesión de que entregó a Villarejo el citado pendrive con datos personales de Iglesias en 2016, acabó como investigado. Pozas renunció entonces a su cargo.

El excomisario actualmente en prisión preventiva, le había señalado como la persona que le entregó el pendrive con datos extraídos de un teléfono móvil robado en 2016 a Dina Bousselham, una antigua asesora de Pablo Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo. Según su declaración, los datos habían llegado a la redacción de la revista Interviú, dirigida por Pozas hasta su cierre en enero de 2018, pero este consideró que su contenido no era publicable y se lo dio a Villarejo.

La información volcada del teléfono incluía las comunicaciones privadas de Pablo Iglesias en Telegram. Algunas de esas conversaciones dieron origen a informaciones periodísticas, como la rubricada en OK Diario por Eduardo Inda, que atribuía comentarios machistas al líder de Podemos, basándose en informes policiales sin autor conocido provenientes de las cloacas del Ministerio del Interior. La difusión de estas informaciones se produjo en un momento de auge electoral de Podemos, que fue acusada también de financiación irregular desde e Irán, acusaciones que fueron rechazadas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por falta de indicios delictivos.

Esgrime el abogado que ninguno de sus representados “llevaron a cabo actuación alguna tendente a la obtención inicial de tal información” robada del teléfono móvil de Iglesias sin que la revista Interviú “ni ninguno de sus responsables o del grupo editorial tuviera absolutamente nada que ver con el supuesto robo ni, por tanto, con el inicial descubrimiento de la información”.

El letrado insiste en que ambos imputados dieron por bueno el dato de que la tarjeta había sido hallada en la habitación de un hotel y asegura que se les hizo llegar de manera anónima, una vía habitual de recepción de información en la revista. Indica también que la información se consideró impublicable y que la tarjeta le fue devuelta a Pablo Iglesias.

Pozas recuerda que pese a contar con la información, la revista Interviú renunció a publicar nada y considera “francamente sorprendente que se mantenga todavía la imputación de los responsables de la revista cuando en ella se respetó el derecho a la intimidad de la titular del teléfono y nada se publicó”.

Explica el escrito que una vez entregado el dispositivo a Iglesias, Rendueles fue objeto de “un requerimiento policial verbal procedente del Comisario José Manuel Villarejo mediante el que requería la entrega de una copia de la información contenida en aquella tarjeta que había llegado a la revista”. El abogado dice desconocer cómo sabía Villarejo que existía esa información.

“Aquella petición de información por parte del señor Villarejo se entendió en la revista, como no podía ser de otro modo, como un requerimiento policial de información que debía ser cumplido. En este sentido, el propio Alberto Pozas explicó en su declaración que no resultaba extraño que en la revista se recibieran requerimientos policiales de entrega de información”.

En esa línea, el letrado cita que en ocasiones se habían atendido requerimientos verbales, por ejemplo, en el caso de un pederasta fugado de España que pudo se detenido en Guatemala gracias a la información facilitadas por la revista.