El pleno se celebrará de acuerdo al procedimiento también observado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Una vez efectuados los estudios oportunos y la presentación de los informes correspondientes, se ha elaborado un orden del día que incluye la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado del Estado contra el artículo 13 del Decreto Ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

También se analizará si se tramita el recurso presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Asimismo, se estudiará el recurso de amparo presentado por diputados de Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de marzo de 2020 y los recursos de amparo de los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundo, Dolors Bassa yJoaquím Forn; la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y el exlíder de ANC y el presidente de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, contra la sentencia del `procés´.

El pleno también analizará la cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Civil del TSJ del País Vasco contra varios apartados del artículo 12 de la Ley de Relaciones Familiares del País Vasco por posible vulneración del artículo 14.1.8 de la Constitución y la cuestión de inconstitucionalidad de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

En el orden del día del pleno también se verá la admisión a trámite del recurso de amparo promovido por Jordi Turull contra acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 25 de julio de 2019 y el recurso de amparo de Jordi Sánchez contra varios autos de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, señala que desde el primer momento del inicio de esta crisis sanitaria, ha adoptado no sólo las medidas necesarias para la suspensión de los plazos procesales y administrativos, con el fin de evitar la indefensión de los ciudadanos en el acceso a este órgano constitucional, sino que también ha continuado examinando los recursos promovidos.

Para ello, siempre se han seguido las indicaciones de las medidas adoptadas por el Gobierno de España, las autoridades sanitarias, y en coherencia con la política europea, en especial con el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.