Entre otras medidas, pidieron adoptar protocolos que reduzcan la transmisión de la enfermedad, salvaguardar servicios y suministros esenciales y promover hábitos saludables como el acceso a jabón y agua limpia para lavarse las manos, procedimientos de actuación en caso de que algún miembro del personal o algún estudiante se encuentre indispuesto, protocolos de distanciamiento social y prácticas adecuadas de higiene.

También destacaron la necesidad de compensar el tiempo de formación perdido con estrategias que integren la educación remota y presencial, así como recuperar y reforzar los servicios de alimentación y de salud que se prestan en muchas escuelas.

Por otro lado, la hoja de ruta publicada hoy recomienda adaptar las políticas y las prácticas de apertura de escuelas para ampliar el acceso a los grupos marginados, como aquellos niños que ya habían abandonado la educación, los desplazados y migrantes y los pertenecientes a minorías.

Para ello, consideran preciso diversificar las comunicaciones y las actividades de divulgación más importantes, poniéndolas a su disposición en los idiomas pertinentes y en formatos accesibles.

Además, las cuatro agencias reclamaron la elaboración de políticas claras para la apertura y el cierre de las escuelas durante emergencias de la salud pública y el fomento de reformas encaminadas a ampliar el acceso equitativo a la educación, así como reforzar la financiación del sistema.

Según las directrices, el interés superior de los niños y las consideraciones generales en materia de salud pública –sobre la base de una evaluación de los beneficios y los riesgos para la educación, la salud pública y los factores socioeconómicos– han de ser la prioridad de las autoridades nacionales y locales.

También instaron a los gobiernos a evaluar los beneficios de la enseñanza en las aulas frente al aprendizaje remoto y los factores de riesgo relacionados con la reapertura, teniendo en cuenta que las pruebas sobre los riesgos de infección relacionados con la asistencia a estos centros no son aún concluyentes.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó que “ante la gran cantidad de estudiantes que se están quedando rezagados en su educación debido al cierre prolongado de las escuelas, la decisión de cuándo y cómo volver a abrirlas, si bien no es nada sencilla, debería ser prioritaria".

Apuntó que "cuando el sector de la salud dé luz verde, será necesario poner en marcha todo un conjunto de medidas para garantizar que ningún niño quede atrás". Estas directrices proporcionan una guía completa para que los gobiernos y los aliados faciliten la reapertura de las escuelas a los estudiantes, los maestros y las familias, "en un momento en que los países tratan de determinar cuándo volverán a abrirlas".

La Unesco, Unicef, el PMA y el Banco Mundial –como parte de la Coalición Mundial para la Educación– ofrecen estas recomendaciones para ello. "Compartimos un objetivo: proteger y promover el derecho a la educación para cada estudiante”, concluyó Azoulay.