El pasado mes de abril, la Plataforma del Tercer Sector, compuesta por más de 30.000 entidades sociales, ya presentó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital un documento que recoge sus propuestas, un total de 29, al Programa Nacional de Reformas 2020 con el objetivo de defender el Estado del bienestar y blindar los derechos sociales ante la pandemia del coronavirus.

Se trata de un documento elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y recoge todas las propuestas de las entidades miembro de la propia Plataforma.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha insistido en el Estado de bienestar es esencial para promover un desarrollo social y sostenible más equitativo y ha defendido que éste debe estar respaldado ahora más que nunca por la inversión social pública para garantizar el acceso a empleos de calidad, servicios universales y protección social para toda la ciudadanía, especialmente los colectivos más vulnerables, que son los más castigados por la pandemia.

Estas entidades reclaman la puesta en marcha de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023, aprobada hace un año; la implantación de un ingreso mínimo de carácter estatal para todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión y, por lo tanto, en vulnerabilidad económica y social; la necesidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la atención médica y a los recursos sanitarios y de salud pública; y la ampliación de la prestación por menores a cargo, que debería duplicar su cuantía y alcanzar los 100 euros al mes en 2024.

También el acceso a una vivienda, adecuada y digna y medidas para proteger a las personas con discapacidad, a las personas trabajadoras del servicio doméstico y de cuidados, para regularizar de manera inmediata la situación de las personas inmigrantes, para promover la inclusión social de la población gitana, para combatir la difusión de estereotipos, dar apoyo a las personas trabajadoras autónomas o desarrollar una Ley de Familias Monoparentales, entre otras actuaciones.