Así lo señaló durante la presentación online del informe ‘Covid-19: cerrar la brecha’. De cara a la Conferencia Sectorial que este jueves mantendrán el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, Conde propuso que los niños de "los grupos más vulnerables", como aquellos con discapacidad, procedentes de hogares desfavorecidos o que presentan necesidades especiales, sean los primeros en volver a los centros.

Señaló que durante este tiempo, "no han tenido apoyo educativo en casa ni han podido acceder a plataformas y contenidos online" para continuar su formación, de moco que son los que presentan "mayor riesgo de fracaso escolar".

Por eso, "en el momento en que se reabran los centros educativos, que vendrá determinado por la evolución de la crisis sanitaria, deben tener prioridad", afirmó Conde.

A su juicio, “esta desvinculación con la escuela aumenta el riesgo de abandono precoz a corto y medio plazo, algo especialmente preocupante si tenemos en cuenta que España ya es el país de la Unión Europea con peores números" en este ámbito.

La directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, destacó por su parte que el 20% de las familias monoparentales no tienen ordenadores en casa, y que sólo el 40% de los centros disponen de un entorno virtual de aprendizaje. Por ello, "si vamos a ir hacia una educación semipresencial como apuntó la ministra, es preciso y urgente proporcionar a estos hogares los recursos tecnológicos adecuados", declaró.

El informe destaca además que el confinamiento ha reducido el tiempo de aprendizaje efectivo para todos y advierte de que tendrá un efecto 'olvido veraniego' mayor entre el alumnado más desfavorecido, debido al desigual acceso a otras actividades educativas y culturales. "Para muchos niños y niñas, esta crisis puede ser el equivalente a un verano de cinco meses", alertó Perazzo.

'PLAN MARSHALL' EDUCATIVO

Por todo ello, Save the Children reclamó al ministerio y a las comunidades un 'Plan Marshall' para hacer frente a la crisis del coronavirus en la educación, cuyo importe total podría oscilar entre los 4.200 y los 5.000 millones de euros.

Entre otras medidas, pidió la dotación de recursos tecnológicos a los hogares más necesitados, así como garantizar una adecuada formación al profesorado. Además, defendió la puesta en marcha de programas veraniegos para trabajar actividades cognitivas y no cognitivas a través del ocio y de la actividad física en espacios abiertos y grupos reducidos (de no más de 15 alumnos).

Esto requeriría un programa de cofinanciación entre el Ministerio y las autonomías, al que Conde propuso agregar otro programa interterritorial que facilite recursos extra a los centros que atienden al alumnado más desfavorecido, a fin de conseguir una mejor dotación de profesores, materiales e instalaciones.

Del mismo modo, exigió un plan "similar al PROA" que facilite refuerzo extraescolar a los estudiantes más vulnerables, en grupos reducidos y horario no lectivo, que permita "recuperar el tiempo perdido a los alumnos más desaventajados".

También defendió impulsar las clases de tutoría, a fin de incluir contenidos de educación emocional, y diseñar currículos que permitan condensar el contenido de varios cursos desde un enfoque de competencias e incorporar temario esencial que no se haya podido dar en el presente curso.

Por último, la organización reclamó un sistema de becas "amplio y eficaz", que garantice que las ayudas de comedor llegan a todo el alumnado con dificultades económicas y que permita acceder al sistema por "cambios sobrevenidos en las circunstancias socioeconómicas de las familias", y desarrollar "planes de contingencia en los centros educativos con indicaciones sanitarias", a fin de afrontar la vuelta a las aulas de forma segura y de hacer frente a posibles rebrotes.

Según Conde, "estos recursos extra que pedimos deberían utilizarse para identificar y atender al alumnado con mayores necesidades y más vulnerable". A su juicio, las diferencias entre autonomías sobre la fecha de vuelta al cole no son tan importantes, pues "a fin de cuentas serán unas semanas". Sí lo son "las decisiones de inversión que estas adopten", concluyó.