Así figura en el 'Informe Anual de 2019' entregado este miércoles al Congreso. Según el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, la gestión de la inmigración y de los procedimientos de protección internacional en España arrastran una serie de "carencias estructurales" que precisan ser abordadas "sin más demora".

Entre otros puntos, pidió mayor coordinación entre los distintos departamentos implicados, así como un abordaje integral de todo el proceso.

El informe recuerda que en 2019 se alcanzó una cifra histórica en solicitudes de protección internacional (118.264 personas), a diferencia de lo ocurrido durante 2018, cuando se llegó al récord de entradas irregulares (casi 65.000 personas).

FALLOS EN LA ACOGIDA

En el informe, el Defensor habla de "deficiencias en la coordinación" en varios organismos adscritos a distintos departamentos ministeriales y con competencias concurrentes, así como una falta de participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión de la acogida. A su juicio, "no ha habido capacidad para la planificación de las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un periodo corto de tiempo".

"Esta falta de previsión ha supuesto que un número cada vez más considerable de solicitantes de protección internacional no vean atendidas sus necesidades", lamentó.

Como ejemplo puso a los solicitantes que no pueden acceder al sistema de acogida porque no consiguen cita para formular sus solicitudes. Además, advirtió de que "el número de expedientes sin resolver de años anteriores y la carencia de medios humanos y materiales que históricamente arrastra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) provocan que las medidas puestas en marcha "no hayan dado aún los resultados previstos", aunque consideró que a medio plazo sí contribuirán a agilizar el proceso.

En su opinión, España necesita una "revisión orgánica y funcional" de la gestión de la acogida humanitaria, tanto de las personas que acceden de manera irregular y que no pueden ser expulsadas del territorio, como de aquellas que solicitan protección internacional.

Este sistema atiende a cerca de 30.000 personas cada día y dispone de más de 9.000 plazas, incluyendo las gestionadas por las ONG con financiación pública. A ellas hay que sumar los 4.500 alojamientos de la fase previa de evaluación y derivación, según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones facilitados en noviembre. Entonces se adoptaron medidas como el incremento de 1.600 plazas y alojamientos provisionales, ante el aumento de solicitantes de asilo.

LLEGADAS EN PATERA

El Defensor lamentó que 2019 finalizase sin la aprobación de un protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de migrantes a costas españolas, cuya elaboración reclamó a la Secretaría de Estado de Migraciones. En su opinión, la situación migratoria actual supera "con mucho el actual diseño del programa de acogida humanitaria que padece significativas carencias".

Esta cuestión "debería ser abordada sin más demora", convocando a los ayuntamientos y comunidades autónomas para el diseño "de un sistema que tome en consideración todas las vertientes que supone la gestión de la irregularidad documental de quienes no son expulsados", reclamó.

En este punto, reiteró su recomendación sobre la necesidad de entregar un documento a los extranjeros en situación irregular cuya expulsión no puede ser ejecutada, en el que se indique el aplazamiento o la suspensión de dicha medida.

Según la institución, las quejas principales de los más de cinco millones de personas extranjeras que residen legalmente en España se refieren "a los graves retrasos que padecen sus solicitudes de nacionalidad española por residencia", así como "la imposibilidad de obtención de cita en un plazo razonable para la realización de cualquier trámite de extranjería".