Este grupo de más de 350 expertos vinculados a la salud está formado por profesionales de la medicina, la enfermería, la psicología, la farmacia, el trabajo social, funcionarios, periodistas de la salud, expertos en derecho sanitario, profesores universitarios así como varios ex - altos cargos de los gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas (CCAA) de diferentes épocas (subsecretarios, secretarios generales de sanidad, consejeros, directores generales).

A partir de la pandemia de Covid-19 y atendiendo al compromiso del presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados de impulsar “una Comisión de Estudio y Evaluación que analice … la situación de la Sanidad Pública … y elabore un Libro Blanco para realizar los ajustes y cambios … necesarios”, este grupo de expertos han entregado un extenso documento en el que señalan algunas deficiencias y proponen una serie de reformas.

Los firmantes del documento, encabezado por el cardiólogo Jesús Gutiérrez Morlote, valoran muy positivamente la Ley General de Sanidad y la Reforma Sanitaria que impulsó, pero consideran que el estado actual del SNS, tras los cambios de todo tipo y la gran crisis de 2008, debe “refundarse”.

Para recuperar el impulso de esas normas, proponen un Pacto de Estado para la Sanidad, entre el gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

INFRAFINANCIADO

Recuerdan que el SNS, está infra-financiado, faltando profesionales y siendo precario el empleo y bajas las retribuciones. La crisis del Covid-19 ha demostrado que un SNS que no puede dar una adecuada respuesta puede incrementar dramáticamente la crisis económica. Sugieren que, por el contrario, "el SNS es elemento para la cohesión social, impulsor del progreso y una posible fuente de ingresos para el país".

Proponen un Gasto Sanitario como el de la media de los países de la zona Euro y que las transferencias económicas del Estado a las CCAA garanticen que se mantiene la equidad en el SNS, algo que no sucede actualmente, como demuestran las diferencias de Gasto Sanitario entre ellas.

También señalan la necesidad urgente de reforzar el Ministerio de Sanidad dotándole de los recursos humanos y presupuestarios que le permitan liderar crisis como la del COVID-19 y promover la cohesión del conjunto del SNS. La reciente epidemia ha demostrado que no ha habido suficiente solidaridad entre las CCAA y entre éstas y el ministerio.

Se propone reforzar el Consejo Interterritorial (en el que están las CCAA y la Administración G. del Estado) cuyas decisiones deberían ser vinculantes. Del Consejo podrían depender una serie de “Agencias” para la coordinación de determinadas compras o de las inversiones en tecnología con cobertura supra-regional, los centros de referencia, la Organización Nacional de Trasplantes, el Instituto de S. Carlos III (con el Centro Nacional de Epidemiología y otros), etc.

También se refieren a la Salud Pública –“corazón de la sanidad”-, que debe reforzarse, actualizando los planes de prevención y respuesta a pandemias-, y a los Sistemas de Información, ahora dispersos, proponiendo la creación de una Oficina de Información Sanitaria que informe al Parlamento.