Según su relato, la tarjeta había llegado a manos de Iglesias seis meses antes y en ese momento estaba en perfecto estado. En ella supuestamente había conversaciones en distintos grupos en los que había participado Iglesias, haciendo cometarios jocosos o intercambiando ideas sobre la estrategia de Podemos.

Fuentes jurídicas indicaron que Bousselham no ha llegado a acusar a Iglesias de la destrucción de la tarjeta. El robo del móvil está siendo investigado por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dentro de la pieza 10 del 'caso Tándem' sobre las presuntas actividades delictivas del excomisario José Manuel Villarejo. La pieza se abrió tras hallar en un registro al domicilio del expolicía un pen drive donde se habían volcado las conversaciones contenidas en el ese terminal telefónico.

En el curso de la comparecencia, el magistrado García Castellón ha advertido a la exasesora de Podemos que la destrucción de la tarjeta es un hecho grave puesto que se trata de una prueba que llegó a la Audiencia Nacional completamente ilegible.

Entre las conversaciones filtradas, una de las que mayor polémica desató fue aquella en la que Pablo Iglesias decía que "azotaría hasta que sangrase" a la periodista Mariló Montero. La compareciente ha admitido que hizo un pantallazo del comentario de Iglesias y lo compartió con otras personas. La conversación data de 2014 y era parte de un chat de Telegram en el que participaba el líder de Podemos.

Bousselham indicó que no hizo mención alguna al hecho de que se le había devuelto la tarjeta SIM cuando denunció el robo del móvil porque no lo consideró un hecho relevante en ese momento y rechazó haberlo ocultado deliberadamente.

La que fuera asesora de Podemos ya declaró por este mismo asunto como testigo hace un año. La Fiscalía Anticorrupción había pedido esta nueva comparecencia para preguntarle sobre la sustracción del dispositivo móvil después de haber analizado el informe forense realizado por la Policía Científica sobre el contenido del teléfono.

La desaparición del móvil se produjo en 2015. De su contenido se extrajeron más de una docena de 'pantallazos' relativos a diversas conversaciones de militantes de Podemos en las que participaba Pablo Iglesias. La información acabó siendo publicada en medios de comunicación.

Todos esos archivos aparecieron en poder del excomisario Villarejo, en prisión provisional desde hace más de dos años, que los guardaba rotulados en un archivo con el nombre de 'Dina'. Aunque nunca estuvo imputada, la exasesora de Iglesias negó en su primera comparecencia ante el juez haber sido responsable de la difusión de estos archivos y siempre sostuvo que el móvil le había sido sustraído.

Según la versión ofrecida por Villarejo, el contenido de ese teléfono le llegó del director de Interviú Alberto Pozas y de su subdirector Luis Rendueles, que había considerado previamente que su contenido no era susceptible de ser publicado.

Le dijeron que la información llegó a la revista en un sobre con remitente anónimo. Le entregaron a Villarejo la información considerando que se trataba de una petición formal de un comisario en activo de la Policía. Ambos están imputados en la causa.

El presidente del Grupo Zeta que editaba Interviú, Antonio Asensio, entregó finalmente la tarjeta de memoria del móvil al propio Pablo Iglesias en enero de 2016 con la garantía de que no publicaría su contenido. Finalmente, otros medios la difundieron ese mismo año.

El papel de Bousselham en todo este entramado no está claro. En todo momento sostuvo que el dispositivo móvil le había sido sustraído, pero la Policía Científica ha certificado que los archivos se encontraban en la carpeta de 'enviados'. Además, en su primera declaración no habló la juez sobre la tarjeta en poder de Interviú con el argumento de que Iglesias le había dicho que era una información “confidencial” y con el convencimiento de que el robo formaba parte de una campaña de desprestigio contra Podemos.