La primera demanda surge a instancias de su portavoz, Ángel Juárez, cuya madre falleció en una residencia de mayores de Tarragona, según precisó en una rueda de prensa en la que añadió que en dicho centro murieron otros once ancianos al poco tiempo de fallecer su progenitora.

“Llamamos porque tenía un poco de fiebre y nos dijeron que el médico estaba de baja porque estaba infectado”, puntualizó Juárez, para, a continuación dibujar el “panorama caótico” que se ha vivido durante la pandemia en la residencia, que contaba con sólo “dos enfermeras para tomar la temperatura y que, de vez en cuando, iban llamando al jefe de zona”, situación que dijo "no entender".

“No sólo ha fallado la asistencia, sino también la vigilancia y queremos que se investigue y se mejoren los protocolos”, advirtió, al tiempo que denunció que en este centro se estuvo “contagiando a personas frágiles que tienen que estar completamente protegidas y murieron sin dignidad”.

Por ello, anunció que la plataforma “va a ir directamente a por todos los que tengan competencia de por qué han ocurrido tantas muertes en las residencias”. “Por qué no han fallado sólo los materiales y los test, sino también por qué se ha permitido este tipo de muerte en el más completo silencio y aislamiento”, sentenció, para, a continuación, puntualizar que se trata de una situación “completamente inhumana” y que el objetivo es que, de cara a la “nueva normalidad, no puedan volver a ocurrir este tipo de errores tan graves” en España.

“Son condiciones extremas, pero se puede mejorar más el trato humano y muchas cosas de las que han fallado”, afirmó, para señalar que también se trata de que se haga “justicia”, de homenajear a las víctimas y de conseguir que “no nos toreen más, unos y otros".

La intención de la plataforma es “unir sinergias” y convertirse en un recurso “fuerte y válido” en el que todos los afectados por la pandemia “puedan confiar” a la vez que trasladan sus consultas de forma gratuita a un equipo integrado, entre otros profesionales, por juristas que trabajarán por “esclarecer qué ha fallado y para pedir responsabilidades de quien haya tenido competencias y no haya respondido”.

Su caso concreto lo llevará el abogado Alberto Ruiz, representante del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, contratado por la asociación para colaborar con la asistencia legal de los afectados y quien avanzó que aún no se ha iniciado “formalmente ninguna actuación” contra la Generalitat de Cataluña si bien, “en breve”, presentarán una reclamación en vía administrativa para pedir una indemnización por responsabilidad patrimonial si bien “queda abierta” la vía contencioso-administrativa “sin rechazar ninguna otra”.

Se trata de la primera de otras acciones legales que iniciará la plataforma contra comunidades autónomas, residencias de mayores y otras entidades que familiares de afectados por la crisis del Covid-19 han señalado como responsables y a las que exigen “dignidad y justicia”, tal y como apuntó otro de sus portavoces, Abraham Granadino, quien explicó que esta asociación surgió en Andalucía sin "ninguna intencionalidad política", ya ha recibido “miles de peticiones” y está “estudiando” otra decena de casos “similares” al de Juárez.