Con 182 votos a favor, 50 votos en contra y 115 abstenciones, la Cámara Baja convalidó este real decreto que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y que, según el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, pretende “garantizar la supervivencia” del sector cultural tras los azotes de la pandemia, que ha paralizado espectáculos, cerrado librerías y clausurado museos.

Entre las medidas que regula el decreto, se habilita un acceso extraordinario a la prestación por desempleo para los trabajadores de la cultura, con empleos caracterizados por la intermitencia y que no habían quedado amparados por los mecanismos del Ministerio de Trabajo.

Los artistas podrán acceder de manera extraordinaria a la prestación de desempleo por un periodo de hasta 180 días, según el periodo de ocupación cotizada en el año anterior, reconociendo así la intermitencia laboral y la especial vulnerabilidad de los trabajadores del sector cultural.

Esta medida afecta al 45 % de los contratos de trabajo del sector artístico, que son por obra o servicio, es decir, de carácter intermitente. Además, Uribes destacó que texto legal también amparará a las “librerías independientes” y aseguró a los parlamentarios que “no tendría ningún sentido oponerse a medidas que benefician a los trabajadores de la cultura”.

“El carácter intermitente de su trabajo implica que muchos no estaban dados de alta en la Seguridad Social en el momento de la pandemia”, recordó el ministro desde la tribuna del Congreso.

Desde la oposición, Soledad Cruz-Guzmán (PP), anunció su abstención y afeó la “tardanza” del departamento de Uribes en ayudar al sector, al tiempo que señaló que su gestión ha supuesto un “abandono” que “ha conseguido demostrar empíricamente” que “la cultura no es de izquierdas” porque “no tiene ideologías, es de quien la cuida y la respeta”.

Ángel López, de Vox, anunció su voto en contra y aseguró que se trata de una “improvisación”, y dedicó buena parte de su intervención a defender la tauromaquia porque es “patrimonio cultural” y “a mí me gustan los toros; incluso a gente que le vota a usted”.

Por Ciudadanos, Guillermo Díaz anunció que su partido político apoyaría el decreto y pidió una ley de mecenazgo que su grupo ya ha registrado y que está “muy trabajada con el sector”.

Según el decreto, para garantizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas del sector cultural a la liquidez y financiación económica, el Ministerio de Cultura y Deporte inyectará 20 millones de euros en la sociedad de garantía recíproca CREA SGR. Una parte de dicha cantidad, 3.750.000 euros, está destinada a sufragar el coste de la comisión de apertura de los avales de los préstamos a empresas del sector cultural con motivo de la crisis sanitaria.

El resto, 16.250.000 euros, se destina al fondo de provisiones técnicas. Este importe supone movilizar realmente 780 millones de euros en créditos garantizados para el sector cultural. Cada uno de los ámbitos del sector cultural (libro, bellas artes, artes escénicas, música, cinematografía y audiovisual) accederá a un mínimo de 40 millones de euros, pudiendo obtener liquidez inmediata y específica.

En materia de subvenciones y ayudas públicas para actividades y proyectos culturales, se posibilita el abono de los gastos subvencionables realizados, cuando los proyectos o actividades no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, a causa del coronavirus.

A su vez, los profesionales del sector artístico van a poder percibir anticipos e indemnizaciones en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones contratadas con el sector público, siempre que los contratos no excedan de los 50.000 euros.

A efectos de contratación se incorporan varias, entre las que cabe destacar la previsión general del levantamiento de la suspensión de los procedimientos de contratación para garantizar el interés general y el de los propios licitadores.

Por otra parte, para generar liquidez en las productoras de cine que han recibido ayudas, se les adelantará el 50% del pago de parte de la ayuda otorgada antes de que inicien el rodaje y se permitirá que, entre los gastos subvencionables, se incluyan aquellos directamente vinculados con el impacto de la crisis.

Además, se flexibilizan los plazos y obligaciones de las películas beneficiarias de ayudas generales y selectivas, tanto para la producción de largometrajes como de cortometrajes sobre proyecto, concedidas entre los años 2016 a 2019.