Los resultados del estudio muestran que más del 66% de las familias de origen migrante están en situación de vulnerabilidad, el doble que en el caso de las familias españolas.

Antes de la pandemia, España era el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo entre la población migrante, solo por detrás de Grecia.

La encuesta indica que más de la mitad de los hogares de origen migrante ha tenido que reducir sus gastos en alimentación o retrasar recibos y pagos del alquiler desde el inicio del estado de alarma. La falta de recursos también se refleja en que aproximadamente el 40% de las familias migrantes han tenido que pedir ayuda económica a amigos y familiares o se han visto obligadas a pedir alimentos durante el confinamiento, más del doble que en el caso de las familias españolas. Además, el tipo de alimentación que siguen también es peor (20%) o bastante peor (2,6%) que antes del confinamiento.

Sobre la educación de los niños, tres de cada 10 familias migrantes no tiene acceso a Internet o carece de buenas condiciones de conectividad, por lo que los menores de estos hogares tiene más dificultades que el resto para continuar con su educación mientras los colegios permanecen cerrados.

Casi un 36% de los niños y las niñas de origen migrante usan el teléfono móvil para hacer los deberes, ya que la gran mayoría no dispone de ordenador propio.

Este estudio se emarca dentro de la campaña '#QueNadieQuedeAtrás' que Save the Children ha lanzado para denunciar la falta de compromiso político con las familias en situación de pobreza durante la pandemia.

En concreto, la ONG reclamó especial atención a los niños de estas familias, para que no abandonen los estudios, y facilitar los permisos de residencia y la contratación de las familias migrantes en situación irregular.

Exigió además que las medidas adoptadas para la recuperación tras la pandemia, como la renta mínima, el apoyo a las familias o las prestaciones por hijo a cargo incluyan a todos los hogares en situación de vulnerabilidad, con independencia de su situación administrativa.

El requisito que la organización propone en este sentido es el de estar empadronado o tener residencia efectiva durante un mínimo de 12 meses (de manera continuada e inmediatamente anterior a la solicitud).

Asimismo, defendió un nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración (PECI), bien diseñado y financiado, como marco de actuación para la reincorporación al mercado laboral de las personas de origen migrante que se han quedado sin empleo, incluyendo medidas de apoyo para jóvenes ex tutelados.

Save the Children también pidió medidas para el reconocimiento de un permiso de residencia y trabajo a través de contrataciones en los sectores esenciales.