A la portavoz de Junts, Laura Borràs, le responderá "cuál es su opinión respecto del reciente Informe de Amnistía Internacional que concluye que (los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O) Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de inmediato". Y al portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, si "mantendrá el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 el escudo social tras el estado de alarma".

A pesar de que, por segundo miércoles consecutivo, el vicepresidente no tendrá que contestar a Vox, con quien suele enfrascarse en duras controversias ideológicas, la pregunta de Matute se antoja como la única iniciativa de control realmente circunscrita a sus competencias de índole social a la que responderá Iglesias.

La pregunta de Borràs no lo es y tampoco suelen atenerse a ellas las del secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien esta vez partirá del enunciado "¿Cree el vicepresidente segundo que su gestión en esta crisis está generando confianza en la sociedad?" para criticar otros aspectos a Iglesias.

Probablemente, García Egea no deje pasar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de retirar a Iglesias la condición de "perjudicado" en la pieza Dina, separada del 'caso Villarejo', y que investigaba cómo llegó a parar a manos del excomisario una copia del contenido del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham, con conversaciones que acabaron saliendo en prensa como la confesión del vicepresidente de que le gustaría azotar a la periodista Mariló Montero.

Ahora, García-Castellón pretende investigar por qué Iglesias tardó meses en devolver a Bousselham el contenido de su móvil, que a él le llegó del exdirector de 'Interviú' Antonio Asenso. Ni desde el entorno de Iglesias ni la propia Bousselham, consultados por Servimedia, quisieron comentar nada sobre un tema que, como subrayó ella, "está en los juzgados".

Finalmente, el vicepresidente cerrará la sesión de control con una interpelación que le formulará el propio Partido Popular "para que explique cómo van a influir en la acción

de Gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical". Probablemente, una de estas presuntas influencias a las que aludirá el PP será el acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral, suscrito el pasado martes, divulgado el miércoles y relativizado por los socialistas en la medianoche del jueves.

Sobre esa hipotética derogación íntegra de la reforma laboral preguntará también en la sesión de control el presidente del PP, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.