“Es un primer paso con el que el España empieza a devolverle a las rentas bajas una deuda adquirida con años de protección social regresiva, ineficiente e ineficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, explicó la experta de la ONG Liliana Marcos.

Aun así, esta prestación no contributiva de la Seguridad Social, que pretende llegar a alrededor de 850.000 hogares y reducir la pobreza severa en España en un 80%, “no va a cubrir a todas las familias y personas que lo necesitan”, según Oxfam.

“Nosotras hemos calculado que con 6.000 millones al año, la sexta parte de lo que costó rescatar a la banca, sí se lograría el objetivo de acabar casi por completo con la pobreza severa en España”, agregó Marcos.

Por eso, la organización pidió al Gobierno que este ingreso mínimo quede sujeto a “ampliaciones futuras” y que sea complementado por las comunidades autónomas, aunque algunas ya tienen rentas mínimas compatibles con el IMV.

Por tanto, invitó a los gobiernos regionales a ampliar la cobertura de sus rentas mínimas y “llegar a familias que queden excluidas de la prestación estatal, o para establecer complementos como ayudas por hijos o hijas a cargo, ayudas al alquiler y otras modalidades”.

Asimismo, solicitó un compromiso explícito de las administraciones autonómicas de no reducir el presupuesto de 1.500 millones que actualmente dedican en conjunto a las rentas mínimas.

La organización reiteró también que las familias migrantes con niños y niñas y personas solicitantes de asilo que lo necesiten deben acceder a este derecho, independientemente de su situación administrativa.

“Nos alegra que el Gobierno haya incluido colectivos migrantes especialmente vulnerables como las víctimas de trata, pero no hemos escuchado mencionar a familias con menores y solicitantes de asilo. Esperamos que estos dos colectivos figuren en el texto del real decreto”, expresó la ONG.