En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Grupo Popular subraya que “ahora más que nunca se necesita consenso y confianza” en unas políticas públicas firmes, fuertes, centradas por y para los ciudadanos, pensando en los más vulnerables, pero también en todas aquellas familias a las que la crisis del Covid-19 les ha dejado en una grave situación económica".

Por este motivo, el GPP rechaza la pretensión de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias de modificar la gestión porcentual de ambos impuestos: “En lo que al IRPF se refiere, hasta este momento, y de acuerdo con una resolución del Constitucional, el total recaudado

mediante el 0,7% del impuesto era gestionado en un 80% por las Comunidades Autónomas y en un 20% por el Estado, pero con los cambios planificados, las entidades estatales podrán gestionar algo más del 14% de lo recaudado en el IRPF, es decir, una proporción un 6% menor al 20% fijado sobre el total para acción social, y que asciende a 283 millones”.

“Es decir, en un momento crucial para nuestra sociedad, estas entidades van a perder 14,5 millones, que resultan fundamentales, no sólo para su supervivencia, sino también para ayudar a los que realmente lo necesitan. Es más, esta bajada se repetiría en los años siguientes, lo que podría implicar la desaparición de este 0,7% del IRPF”, advierte el GPP.

“El Partido Popular considera que no es momento de realizar cambios, mucho menos si se realizan unilateralmente, sin diálogo y sin el consenso de las entidades afectadas”, añade.

En relación con el 0,7% del Impuesto de Sociedades, el GPP recuerda que la Ley de Presupuestos Generales del Estado dicta que la recaudación mediante la casilla con fines sociales del 0,7% de dicho impuesto “se debe articular como una convocatoria

supraterritorial y, en su totalidad, debe ir destinada a financiar proyectos de interés social presentados por entidades de acción social de ámbito estatal”.

Sin embargo, apunta el PP, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 también se pretende cambiar su distribución, “lo que supondrá recortes en su financiación”. “El Partido Popular considera que esta recaudación debe destinarse exclusivamente a proyectos planteados por entidades estatales del Tercer Sector de Acción Social, y rechaza incluir otros proyectos, como los medioambientales y de cooperación que, por supuesto deben financiarse, pero por otras vías”, concluyó el PP.

El GPP también destaca el “rechazo” de la Plataforma del Tercer Sector a las decisiones adoptadas por la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, que es “absoluto” y que se suma al que también ha manifestado en los últimos días otras entidades, como el Comité Español

de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).