De este modo, el acceso a un empleo digno, a la vivienda o a prestaciones sociales podría reclamarse ante el sistema de justicia español.

La medida fue propuesta por las ONG ante el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, el presidente de EAPN-ES señaló que "el empleo es el principal elemento de integración social, si es digno y suficiente; pasa como con las pensiones".

Sin embargo, "un 30% de las personas en situación de pobreza severa tienen un empleo" y el 14,6% cuentan con titulaciones superiores. Otro 22% tiene estudios medios, lo que indica que "estamos ante una situación estructural, por lo que la respuesta debe ser estructural y diferente a la de 2008".

"Tiene que haber una protección jurídica de las personas en pobreza", indicó. Y, por eso, pidió "garantizar su acceso a un empleo digno y reformar la política fiscal". También defendió "una sanidad universal, pública y reforzada" porque la falta de "un sistema bueno de salud puede llevar a la quiebra económica a un país" y demandó la puesta en marcha de la Ley de Vivienda y actuar frente a la pobreza energética que "sufren muchas familias".

En la misma línea, Peiro exigió "intervenir sobre la vivienda con una ley estatal que garantice su acceso", programas de rehabilitación y mantenimiento, además de la creación de un sistema de alquiler que permita "el acceso adecuado de las personas". También exigió que "se mantenga la paralización de los desahucios" hasta diciembre.

DESIGUALDAD

Según Peiro, "los efectos de la crisis no son iguales para todos". "Estamos viendo cómo son los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En marzo y abril el paro creció un 2,5%, pero las 1,5 millones de personas que acompañamos en Cáritas cuentan con un 20% de paro, ocho veces más que la media", declaró.

Destacó que tres de cada diez personas que acuden a su organización "no ingresan un solo euro". "Esas son 450.000 personas", destacó. Por ello, pidió que se garanticen los derechos sociales con una reforma constitucional, para que puedan reclamarse en los tribunales.

Esta misma idea la defendió la responsable de Intermón-Oxfam, tras subrayar que España "es el sexto país con mayor desigualdad de Europa". Contreras apuntó que "en 2019 se firmaron 20 millones de contratos, pero sólo el 6% fueron indefinidos y, un tercio de ellos tuvieron una duración inferior a siete días". "El 46% de esos contratos precarios los firmaron mujeres", agregó.

Sin embargo, prosiguió, con la crisis del Covid-19 "nos hemos dado cuenta que esa precariedad la realizan trabajadores esenciales: médicos, enfermeras, cuidadoras, hombres y mujeres del campo, trabajadoras de supermercados, repartidores...". Así, denunció también el aumento de los "falsos autónomos" y reclamó invertir en sectores de mayor valor añadido, sancionar la precariedad indebida, eliminar la subcontratación "que precariza el mercado laboral" y "abolir" el régimen de internas de las empleadas de hogar, que "en muchos casos esconde situaciones de auténtica esclavitud".

Finalmente, defendió una reforma fiscal que, según sus cálculos, permitiría obtener 10.000 millones de euros extra para hacer frente a la crisis, "que aportarían quienes más tienen y más se han beneficiado" durante este tiempo.

Entre otras medidas, propuso acabar con el desvío de millones de euros a paraísos fiscales, impuestos a las transaciones financieras, reformas en el Impuesto de Patrimonio, elevar hasta un 15% efectivo el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y "gravar al capital en el IRPF como a las rentas del trabajo".