Durante su intervención para defender el acuerdo, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, destacó que el acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar representa un hito de “envergadura” porque permite acabar con una situación “anacrónica” e “injusta” a nivel fiscal para España.

González Laya destacó que el convenio equilibra la relación entre las partes y permite que Gibraltar no se consolide como una “paraíso fiscal” y el “epicentro del blanqueo de capitales”.

Tras explicar que este acuerdo se suma a los cuatro memorandos de entendimiento sobre el Peñón firmados el 21 de noviembre de 2018 (derechos de los ciudadanos, tabaco, cooperación en materia ambiental y cooperación en materia policial y aduanera), dejó claro el texto consagra la “especial relevancia” de España en el Brexit.

También adujo que este acuerdo es ventajoso para España, tal y como lo reconoce hasta Vox (grupo que presentó una enmienda a la totalidad), ya que persigue la “eliminación del fraude fiscal”, el establecimiento de unas “reglas claras” para resolver más fácilmente los conflictos derivados de la residencia fiscal y evitar la utilización del Peñón como residencia fiscal de personas jurídicas con actividad en España. “Hasta ahora no se contaba con un instrumento fiscal de esta envergadura”, aseveró.

A su vez, afirmó que el acuerdo no debilita la posición de España en el proceso de descolonización de Gibraltar, como lo evidencia el hecho de que en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE se consagra que cualquier entente sobre la futura relación del Peñón con Bruselas ha de contar con el acuerdo de España.

Por último, comentó que el acuerdo tiene “vocación de pervivencia”, “visión de Estado” y permite acabar con una situación fiscal “anacrónica y tremendamente injusta” para España.

Por su parte, Agustín Rosety (Vox) defendió la enmienda a la totalidad de su grupo, aduciendo que el acuerdo fiscal no acaba con la “situación colonial” de Gibraltar y denunciando que el texto únicamente sirve a los intereses británicos.

Esto le sirvió para reprochar al Gobierno que haya incurrido en una “cobarde claudicación”, asumiendo el “indigno reconocimiento” de la “situación colonial” de Gibraltar.

Además, censuró al Ejecutivo que haya desaprovechado la “oportunidad histórica” de recuperar la soberanía sobre el Peñón por estar más atento a satisfacer las “provocaciones” de los independentistas y del vicepresidente Pablo Iglesias. Dijo que el problema en Gibraltar no pasa por “poner coto” a los evasores fiscales de nacionalidad española, sino por garantizar la prosperidad de los vecinos del Campo de Gibraltar y por recuperar la soberanía del Peñón.

Tras enumerar los problemas que, a su juicio, ocasiona la “colonia” a España, remachó su intervención con un rancio “Gibraltar es España”.

Por otro lado, Carmen Martínez Granados (Cs) defendió el apoyo de su grupo al acuerdo de fiscalidad por ser un “texto muy beneficioso para España” y “muy útil” en la lucha contra el fraude fiscal”. También afeó a Vox que rechace el acuerdo, amparándose en argumentos basados en la soberanía y reduzca a una “victoria pírrica” todo lo relacionado con la lucha contra la evasión fiscal.

Lucía Muñoz Dalda, de Unidas Podemos, se preguntó cómo Vox puede oponerse a un acuerdo que lucha contra la evasión fiscal, una cuestión a la que se respondió ella misma recordando que la formación que lidera Santiago Abascal es una “fuerza reaccionaria que apoya a Trump y Bolsonaro”. En ese sentido, arremetió contra el PP por compartir con Vox el “patriotismo de pulsera y banderita que aboga por llevarse el dinero fuera de España”.

María Valentina Martínez Ferro (PP) dijo que el Gobierno ha dejado pasar una “oportunidad histórica” para recuperar la soberanía sobre Gibraltar, como consecuencia de su “enorme debilidad” en política internacional.

Señaló que el Ejecutivo ha caído en una “rendición preventiva” al aceptar una fórmula para Gibraltar en el acuerdo sobre el Brexit que no es vinculante jurídicamente, a pesar de que las instituciones comunitarias y determinados Estados miembro, como Alemania, han dejado claro que sí la tiene.

A pesar de la crítica acerada a esa fórmula, arrogó para su partido su paternidad por haberse empezado a negociar en 2017, con Alfonso Dastis al frente del Ministerio de Exteriores.

Insinuó que su partido votaría en contra del acuerdo porque convierte a Gibraltar en un “edén fiscal” y conminó al Gobierno a “reivindicar la soberanía del Peñón”, puesto que “el PP ni renuncia ni renunciará nunca a que Gibraltar sea una parte de España”.

Por último, Alfonso Rodríguez de Celis (PSOE) calificó el acuerdo fiscal como un “momento histórico” por ser el primero firmado entre España y Reino Unido sobre Gibraltar desde 1713 y porque convierte al Peñón en un “aliado” para luchar contra el fraude fiscal.

También lamentó que el PP abandone la postura pragmática de Dastis sobre el Peñón y abrace la versión dura de José Manuel García-Margallo, y que se convierta en un “cooperador necesario” de Vox, partido al que recriminó que sobre esta cuestión tenga una “óptica propia del franquismo”.

CONTENIDO TRATADO FISCAL

Este tratado fiscal lo elaboró Exteriores con la colaboración del Ministerio de Hacienda, siguiendo el modelo de los establecidos entre Francia y Mónaco; España, Francia y Andorra; Italia y San Marino, y Vaticano e Italia.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, y el ministro de la Presidencia británico, David Lidington, firmaron el pasado 4 de marzo 'Ad referéndum' un acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido, el primero rubricado sobre el Peñón desde el Tratado de Utrecht (1713).

Este tratado se enmarca en el contexto del Brexit y su condición de 'Ad referéndum' requiere de su aprobación por el Consejo de Ministros. Su naturaleza lo deja sujeto a la correspondiente aprobación parlamentaria.

La UE ha acordado con Londres un Acuerdo de Retirada que incluye un protocolo anejo sobre Gibraltar fruto de la negociación entre el Reino Unido y España. Este protocolo menciona los cuatro memorandos de entendimiento sobre el Peñón firmados el 21 de noviembre de 2018 (derechos de los ciudadanos, tabaco, cooperación en materia ambiental y cooperación en materia policial y aduanera), y el referido acuerdo fiscal.

El acuerdo tiene como objetivos la reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar, el establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.

Para ello, establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias. Este régimen incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.

También se prevé la adaptación dinámica de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.

El acuerdo establece además una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, con el objetivo de resolver los problemas de falsas residencias en Gibraltar de personas físicas que residen realmente en España.

Respecto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando las mismas tengan una relación significativa con España, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en el país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o sus directivos son residentes fiscales en España.