Así lo precisó a través de un comunicado en el que agregó que se ha dirigido a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; al ministro de Consumo, Alberto Garzón y al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para “exigir” que se modifique la normativa de modo que se permita a los usuarios que mantengan una deuda con alguna operadora debido al estado de alarma conservar sus números de teléfono si deciden realizar una portabilidad.

A este respecto, subrayó que el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, reconoce a los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas el derecho a aplazar y fraccionar los importes adeudados de facturas que se hubieran presentado durante el estado de alarma si bien esta normativa “suspende” su derecho a conservar sus números de teléfono si deciden cambiarse de compañía mientras mantienen una deuda.

Facua consideró “inaceptable” lo que valora como un “recorte a los derechos de los usuarios”, ya que recordó cómo hasta ahora la existencia de una deuda “no impedía que se pudiera realizar un cambio de compañía”.

Así, criticó que, con esta normativa, el Gobierno está “dando poder” a las empresas de telecomunicaciones para "secuestrar" la numeración telefónica de un usuario pese al “riesgo” de que la deuda que lo motive “pueda ser falsa”.

Por otro lado, señaló la “trascendencia” que, a su entender, tiene la conservación del número durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y afirmó que esta suspensión del derecho a conservar la numeración afecta “especialmente” a los consumidores más vulnerables y que han podido tener “mayores dificultades para atender al pago de facturas”.

Tras lamentar que el Real Decreto-ley 19/2020 no exige “en ningún momento” a las operadoras que informen de la limitación de este derecho, la organización de consumidores incidió en que tanto la legislación europea como la española han “consagrado” el derecho de los usuarios a mantener su numeración telefónica cuando realizan un cambio de operador y advirtió de que la suspensión de este derecho podría conllevar que el Estado tenga que “responder” tanto frente a la Unión Europea como ante los propios consumidores por los daños que se les puedan causar por contravenir la normativa comunitaria.

De igual forma, aseguró que dicha medida no es “proporcional ni equitativa”, teniendo en cuenta que el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda “benefician tanto al acreedor como al deudor” y que las operadoras ya cuentan con “medios suficientes” para ver satisfecho el pago de los importes adeudados sin tener que recurrir al "secuestro" del número.