La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó tras el Consejo de Ministros que ha visado dicha remisión a las Cortes que es a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y afectará en España “a casi 970 instalaciones” y “a unos 30 operadores aéreos”.

Montero indicó que adaptará la regulación nacional al compromiso de la Unión Europea, que se ha marcado como contribución al Acuerdo de París reducir en, al menos, un 40% de las emisiones de efecto invernadero en el 2030, tomando de referencia los valores del año 90.

“La principal novedad de la norma reside en que se refuerza las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y también se facilita la inversión en tecnología baja en carbono”, apuntó la ministra, indicando que este sistema de derechos es “la herramienta de la UE para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria del sector de generación eléctrica y del transporte aéreo”.

En el año 2019, las emisiones de ambos sectores por el comercio de derecho de emisión se redujeron un 35% en la UE y un 45% en España en comparación con el año 2005, primer año de funcionamiento del régimen, detalló.

La norma afectará en España “a casi 970 instalaciones” y “a unos 30 operadores aéreos”, cuyas emisiones representan “entorno al 40% de las totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero”, refirió. En el conjunto de la UE cubre a más de 10.500 instalaciones fijas y cerca de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente y alrededor también del 40% del total emitido en los países participantes.

Montero apuntó que la aprobación de esta regulación refleja que, aunque “la prioridad” del Gobierno ha sido la lucha contra la pandemia, ha seguido trabajando “en los asuntos prioritarios de su agenda” y, en este caso específico, para lograr “grandes avances en la lucha contra el cambio climático”.

Así detalló que en las últimas semanas el Consejo de Ministros ha aprobado medidas como la estrategia española de economía circular o el anteproyecto de ley de residuos que, junto a la norma que ahora se enviará al Congreso sobre los derechos de emisión, “sientan las bases de un modelo productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.

“En definitiva España no va a perder el tren de la revolución verde y lo ve como una oportunidad para fortalecer nuestro tejido productivo”, refirió.

NUEVA REGULACIÓN

La directiva 2018/410 a la que se adapta la regulación nacional constituye el marco regulador de la Unión Europea para el periodo de comercio 2021-2030 del llamado Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).

El RCDE UE es un instrumento de mercado que persigue un fin de carácter medioambiental y para ello crea la figura del derecho de emisión, que es una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta.

Se basa, por tanto, en el principio de quien contamina paga. Cada año, las entidades reguladas tienen que monitorear sus emisiones y rendir cuentas de las mismas mediante la entrega de un número de derechos de emisión igual a las emisiones producidas.

De esta manera se incentiva económicamente la reducción de emisiones y como el derecho de emisión tiene un valor económico, mediante la disminución de las emisiones las entidades reguladas están reduciendo sus costes.

En el comercio de derechos de emisión no se establecen obligaciones de reducción individualizadas. Cada entidad decide cuál es la estrategia de cumplimiento que más le conviene y puede ser realizando inversiones para mejorar sus instalaciones y reducir la emisión o acudir al mercado para comprar los derechos de emisión requeridos.

La reducción se ha pautado en periodos. Así, la reducción anual de emisiones se fijó en el 1,74% durante la fase 3 que estaba vigente para el periodo 2013-2020 y pasa al 2,2% en la fase 4 (2021-2030). Aunque el método principal de asignación de derechos de emisión a las empresas es la subasta, continúa la asignación gratuita.

Además, los Estados miembro podrán excluir del sistema a aquellas instalaciones de menos de 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El régimen de exclusión para instalaciones que emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono y hospitales, ya vigente en el periodo actual, seguirá existiendo.

La regulación crea además dos herramientas para ayudar en este proceso: el Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación, destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.