Según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado, de esas 11 diligencias penales nuevas, una corresponde a la Fiscalía Provincial de Albacete, una en la Fiscalía Provincial de Cuenca, una en Fiscalía Provincial de Ávila, una en Fiscalía Provincial de Palencia, una en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia y seis en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Según consta en la recopilación de datos, se ha decretado el archivo de un total de dos expedientes de diligencias de investigación penal en las Fiscalías Provincial de Zamora y en de la comunidad autónoma de Extremadura, en este último caso, con remisión de las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Cáceres, por ser la competente para conocer del asunto.

Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

El Ministerio Público ha recibido durante la última semana diversa información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitando así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 194 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil. La pasada semana, esas diligencias sumaban 191.

Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito, y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados, que ascienden a 21 en todo el territorio nacional.

El ministerio público ha procedido durante la última semana al archivo de cuatro diligencias de índole civil, de las que tres fueron en la Fiscalía Provincial de Valencia y uno en la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela, tras haber comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.

Además, se han incoado siete nuevos expedientes civiles para seguimiento de la situación en determinados establecimientos residenciales en las Fiscalías del Área de Alcoy, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Área de Getafe-Leganés, del Área de Cartagena, de la Comunidad Autónoma de Navarra y de la Fiscalía Provincial de Castellón de la Plana (dos).

Consta también esta semana la recepción de nueva información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitándose así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

En estas actuaciones se solicita y recibe información actualizada de forma permanente respecto de la situación en los establecimientos residenciales, además de facilitar el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal recaba también los datos oficiales disponibles y efectúa el seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas. En concreto se hayan judicializadas 21 diligencias en Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.

Hay residencias investigadas por diversas comunidades. En concreto 87 están en la Comunidad de Madrid y otras seis en distintos juzgados. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 32 en total y tres diligencias en los juzgados. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (20) Castilla y León (22); Galicia (15); Extremadura (5); Baleares (1); Andalucía (1); La Rioja (1), Aragón (1) y Valencia (1).