La iniciativa fue defendida por el diputado de ERC Joan Josep Nuet, quien comentó que “la justicia no puede quedar a la puerta de los cuarteles”, puesto que “ninguna de las instituciones puede eludir el control democrático”.

Destacó que la jurisdicción militar es “un excepción admitida, no exigida constitucionalmente”, reduciendo su mantenimiento o restricción a una mera “opción política”. También afirmó que esta figura es un “anacronismo” en España y una “anomalía” en Europa, como lo demuestra que Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Noruega o Dinamarca la hayan eliminado.

A su juicio, “un delito es un delito, lo cometa un civil o un militar” y dudó de la imparcialidad e independencia de los tribunales militares presentando unos datos, según los cuales “sólo una de cada 10 denuncias por acoso acabó en condena y ninguna en expulsión”.

Dijo que estos datos explican los motivos por los que “miles y miles de mujeres” han abandonado las Fuerzas Armadas y por los que ninguna militar, salvo excepciones, “desempeñan una exitosa carrera y alcanzan el mando”.

Lamentó que las Fuerzas Armadas prefieran “lavar los trapos sucios en casa y practicar la omertá”, en lugar de combatir los casos de corrupción en su seno y de expulsar a quienes promueven manifiestos de apología del franquismo.

“El corporativismo cederá hoy o muy pronto. Estamos en el camino imparable de la democratización de las Fuerzas Armadas. No lo podrá parar la derecha ni quienes aún dudan”, concluyó.

Por su parte, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (PP) argumentó el voto en contra de su grupo contra la propuesta planteada por ERC en el que hecho de que los argumentos que la sustentan son “falsos y carentes de fundamento”.

Reprochó a Nuet que haya “plagiado” en su exposición de motivos un texto del teniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército, una fuente sobre la que considera es legítimo pensar que tiene cierta animadversión a las Fuerzas Armadas.

Subrayó que España no es una excepción entre los países democráticamente más avanzados, como lo demuestra que Australia, Canadá, Brasil, EEUU, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido o Suiza cuenten con una jurisdicción militar, que, en el caso español está recogida en el artículo 117 de la Constitución, que establece, además, el principio de unidad jurisdiccional.

Esto le sirvió para apuntar que, tras las pertinentes reformas normativas, la jurisdicción militar se ha adaptado “sin problemas” a “los nuevos tiempos sociales” y abominó de las acusaciones de corporativismo de la Sala V del Tribunal Supremo aduciendo que ésta se encuentra conformada por un número igual de jueces civiles y militares.

Reconoció que las Fuerzas Armadas “tienen muchas tareas pendientes, pero no la falta de necesidad de una jurisdicción especializada”, que es “vital para el mantenimiento del principio de disciplina”.

“La jurisdicción militar es necesaria una jurisdicción en tiempos de paz, como lo es un Ejército en tiempos de paz, para estar preparados para actuar en tiempos de guerra”, afirmó.

Gutiérrez Díaz de Otazu remató su intervención acusando a Nuet de haber presentado un Ejército que “no existe”, ya que en su seno “no hay movimientos de sables”, sino hombres que trabajan “con pundonor, decencia y decoro”.

Joseba Agirretxea (PNV) confirmó que su formación apoyaría la propuesta de ERC a pesar de estar en desacuerdo con partes de su planteamiento. La formación ‘jeltzale’ cree conveniente que sean los delitos los que decían la jurisdicción que los juzgue, no el entorno donde se produzcan.

También juzgó preferible transformar en lugar que eliminarla, lo que le sirvió para sugerir al Gobierno que sea el actor que impulse una “reforma ambiciosa de la jurisdicción militar” que permita abandonar una “legislación decimonónica”.

Miguel Gutiérrez (Cs) rechazó la proposición de ERC cuyo contenido consideró propio de una formación que rechaza la Constitución y el Poder Judicial y coincidió con Aguirretxea en que el sujeto encargado de abordar una reforma de tanta enjundia ha de ser el Gobierno.

Néstor Rego (BNG) apoyó la propuesta para evitar que en España haya espacios alejados de la “transparencia” o del “interés público”, mientras que Jaume Alonso-Cuevillas (Junts) también confirmó su voto a favor para acabar con una jurisdicción que es “hija de estos disparos en el techo” (en referencia a los disparados por Tejero el 23-F) y como forma de expresar una suerte de línea de acción conjunta con “nuestros compañeros de viaje independentistas”.

Roberto Uralde (Unidas Podemos) se preguntó lo siguiente para mostrar el apoyo de su grupo a la iniciativa: “¿Por qué si el funcionamiento del Ejército es tan normalizado y eficiente y no hay indisciplina es necesaria una jurisdicción especial?”.

A pesar de reconocer que la iniciativa de ERC “no es muy correcta técnicamente”, concedió que es sano permitir que se debata y se mejore en un eventual procedimiento parlamentario”.

Ante quienes sientan la tentación de “hacer sangre” por el hecho de que los socios del Gobierno de coalición voten en direcciones opuestas ante esta cuestión, defendió la importancia de la “pluralidad”, incluso entre quienes comparten puntos de vista.

Por ello, apoyó su tesis rememorando unos versos del poeta libanés Khalil Gibran (1883-1931), recogidos en su obra ‘El profeta’: “Llenaos el uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de un sola copa/Daos el uno al otro de vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo/Cantad y bailad junto y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente”.

Javier Ortega Smith (Vox) rechazó la propuesta de ERC por ser “indecente” y una “tomadura de pelo” de los “golpistas”, término que repitió en varias ocasiones, a quienes afeó que busquen “desprestigiar” a la jurisdicción militar y a los militares, “hombres de honor”, porque “de ello depende la soberanía judicial que depende de la soberanía nacional, ésa a la que tanto odian”.

La insistencia de Ortega Smith en asimilar a ERC con “golpistas” provoco que el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamara que se retirara ese término del cuaderno de sesiones, salvo si como tal el diputado de Vox se refería al guardia civil Antonio Tejero que lideró el golpe de Estado del 23-F, “que seguro que les vota”.

Ortega Smith dejó claro que se oponía a que se retirara esa expresión porque “quien da golpes de Estado es un golpista”. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, zanjó la cuestión retirando el término, lo que provocó las quejas y los aspavientos del portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, que no fueron atendidos.

Por último, Begoña Nasarre (PSOE) agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil durante la pandemia del coronavirus y confirmó que su grupo votaría en contra de restringir una jurisdicción que “está fundamentada en la Constitución”, texto que la encuadra como una “jurisdicción especializada”.

Confesó que la iniciativa “se podría compartir en fondo”, pero no en la forma, tan importante, señaló, en política, puesto que, si se derogase la Jurisdicción militar, “¿quién asumiría esas competencias?”

No obstante, dejó la puerta abierta a una futura modernización de esta jurisdicción, siempre y cuando se aborde desde el “estudio profundo” y contando con el necesario “diálogo y consenso” entre los actores concernidos y el conjunto de las fuerzas políticas.