Este detalle es importante, puesto que se trata de dilucidar si la Delegación recomendó a algunos convocantes la suspensión de concentraciones y a otros no, antes de que se celebrara la masiva manifestación del 8-M.

Fuentes presentes en la declaración, han asegurado que todos los comparecientes citados esta mañana han confirmados que las llamadas que recibieron para instarles a desconvocar las protestas por motivos sanitarios se produjeron entre el 12 y 14 de marzo.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri Izquierdo, se lo ha transmitido así a la jueza, ante la que ha comparecido este jueves en calidad de testigo. En esta causa está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, sin tener en cuenta el riesgo de contagio del coronavirus.

A lo largo de la mañana han comparecido ocho testigos, cinco de ellos trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres convocantes de distintas concentraciones. Todos ellos han ratificado sus declaraciones ante la Policía Judicial. Se trata del jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; las auxiliares administrativas del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz, y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.

También han prestado declaración esta mañana un representante del sector de Construcción y Servicios de CCOO, Javier Gómez Ochoa; el miembro de Anonymus for the voiceless Animal Save, Antonio García Edwards, y el presidente de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri Izquierdo.

Precisamente Izquierdo explicó que el 2 de marzo comunicó una protesta para pedir medidas a favor del sector agrario frente a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que le fue denegada cuatro días más tarde por vulnerar el derecho a la intimidad y no por razones sanitarias.

Su organización tenía también prevista una tractorada para el 24 de marzo, que pretendía llegar a Madrid desde Extremadura. El responsable de Asaja recibió una llamada de la Delegación del Gobierno entre el 12 y el 14 de marzo, para pedirle que la desconvocara, esta vez sí, por razones sanitarias.